El hasta hace poco “Honorable Alcalde” de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, hoy corrupto confeso sin ese título, coronó, por admisión propia, la lista de los 100 alcaldes que, a lo largo de la historia de la gobernanza puertorriqueña han sido convictos o están en proceso de serlo en los tribunales de Puerto Rico y/o en el de Distrito Federal.

La infame lista está acompañada por otras que contienen nombres y señas de alrededor de más de 70 legisladores y 60 jefes y/o subjefes de agencias ejecutivas encausados por corrupción pública en sus variadas manifestaciones. Es una lista de larga data que, con el correr del tiempo –desde la destitución en 1951 del primer alcalde acusado por corrupción (entonces se acusaba por el “uso de dinero público para fines distintos a su legítima administración”)– colocó a Puerto Rico como una de las jurisdicciones federales con más casos de corrupción gubernamental durante las pasadas dos décadas.

La Asociación de Alcaldes exige mayores garras contra la corrupción

Un reciente informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos revela que, entre 2010 y 2019, las convicciones por corrupción en la esfera federal de San Juan montaron a 363, marcando al territorio de Puerto Rico como la novena jurisdicción federal con más casos de corrupción gubernamental. En la década anterior, entre 2000 y 2009, convicciones como esas alcanzaron a 268, para un total de 631 en 20 años. En un estudio realizado por quien escribe, surgió que cerca de 2,750 servidores públicos en todos los escalafones del organigrama gubernamental fueron acusados y/o convictos por actos de corrupción desde la década de los 1900 a los 2000. De ellos, 1,616 ocurrieron entre 1988 y 2013 a través de la Oficina del Fiscal Especial Independiente. El 90 por ciento, o 1,454, fueron hallados culpables.

Así fue el esquema por el que se declaró culpable el exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz

Es que a la par que va modernizándose la gobernanza puertorriqueña, más creativos también se van poniendo los “servidores” públicos torcidos que, en un afán desmedido por el dinero ajeno y fácil, han aportado al ultrajante “reconocimiento” contenido en el mencionado informe del Departamento de Justicia federal.

Entre todos los componentes del organigrama gubernamental responsables por esa cuestionable distinción se destaca esa figura descrita por lo general como el “primer ejecutivo municipal”, es decir el alcalde. La confesión del exalcalde de Trujillo Alto –y a la espera de otras que se rumorean– evidencia la metástasis de corrupción que se está dando en el cuerpo de la gobernanza municipal. Otros seis “primeros ejecutivos municipales” completan (hasta ahora; hay que mantenerse en sintonía) la deshonrosa lista a la que acaba de unirse el de Trujillo Alto.

Como queda manifiestamente evidenciado en los más recientes (como en anteriores) escándalos de corrupción gubernamental, antaño la brea y ahora el asfalto y recogido de escombros tras el paso de algún fenómeno de la naturaleza, constituyen el núcleo vital de esa imparable pillería y desaparición de fondos públicos que, irónicamente, se da, en la mayoría de los casos, en los quebrados municipios de la isla.

¿No está en orden, pues, un ejercicio multipartidista desde la Asamblea Legislativa para impulsar legislación que, efectivamente, quite a los alcaldes el control del manejo de los procesos contractuales para esos servicios? “Brea limpia para tu municipio” podría ser el título de una ley así.

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