La decisión del Primer Circuito de Apelaciones en el caso US v. Vaello-Madero (USCA 19-1390) escrita por el juez Juan Torruella, con participación de los jueces Thompson y Howard, involucra a un solo beneficiario del Seguro Social Suplementario (SSI, en inglés). Se trata de un residente de Loíza Aldea. Sin embargo, el pleito resulta extremadamente relevante para todos los puertorriqueños, justo cuando enfrentamos una crisis entrelazada de salud y economía y mientras dependemos más que nunca de fondos federales.

José Vaello vivió en Nueva York desde 1985. Allí recibió beneficios suplementarios del Seguro Social federal por concepto de incapacidad. En Julio de 2013, Vaello regresó a Puerto Rico y se estableció en el pueblo de Loíza. Entonces, continuó recibiendo los mismos pagos del SSI hasta el 2016, sin conocer que su reubicación implicaría reducir sus beneficios.  

En el 2017, el gobierno federal demandó a Vaello para recobrar $28,081 por beneficios pagados en exceso luego de que el beneficiario regresó a Puerto Rico. En su demanda, el gobierno federal alegó que para ser elegible a recibir beneficios de SSI, la persona debe ser un "residente de los Estados Unidos", 42 U.S.C. 1382c(a)(1)(B)(i).

Esta opinión del Primer Circuito de Apelaciones de 10 de abril de 2020, decide que los casos Califano v. Gautier Torres, 435 U.S. 1 (1978) y Harris v. Rosario, 446 U.S. 651 (1980), que tradicionalmente se utilizan para justificar el trato desigual en la asignación de fondos federales a residentes de Puerto Rico no aplican al cobro contra Vaello porque uno de los casos trata sobre el derecho a viajar (“right to travel”) y el otro sobre desigualdad en las subvenciones en bloques (“Block Grants”) y ninguno se decidió a base de la igual protección de las leyes bajo la quinta enmienda. 

A la vez, el Circuito rehúsa aplicar los factores establecidos en Califano para justificar el trato desigual a Vaello: (1) que los puertorriqueños no pagan contribuciones, (2) el alto costo de igualar a Puerto Rico con los Estados y (3) que conceder mayores beneficios a Puerto Rico perturbaría la economía isleña.  

El Circuito explica, que generalmente un residente de Puerto Rico no tiene obligación de pagar contribuciones federales sobre ingresos, pero, sin embargo, la isla es el territorio con mayores impuestos pagados al Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) y Medicare, etc. De hecho, los pagos contributivos federales sobrepasan a muchos estados, incluso en el 2018, el IRS recaudó $3,443,334 de contribuyentes locales.

El apelativo también cuestionó el argumento del gobierno federal de excluir a Puerto Rico a base del impago contributivo, teniendo en cuenta que los residentes de las Islas Marianas tampoco pagan y tienen acceso completo al SSI. 

Podría decirse que, por lo menos estos tres jueces del Primer Circuito no aceptan que Califano y Harris otorgan una carta en blanco al Congreso para discriminar contra los residentes de Puerto Rico en programas federales, al concluir tajantemente que la exclusión categórica en el SSI no está “racionalmente relacionada” con el interés legítimo del gobierno federal. 

Debe mencionarse, que el factor utilizado en Califano del “impacto negativo” sobre la economía que podría ocurrir al conceder paridad en programas federales a los territorios, parece basada en la mantra neoliberal desacreditada de que igualar a los territorios con los 50 estados resultaría contraproducente a la economía isleña y estimularía la vagancia y el “mantengo”. 

Sobre el otro elemento utilizado en Califano, el “alto costo de la paridad”, se podría argumentar: que los $2.2 trillones en rescates otorgados por el Congreso en las pasadas semanas a instituciones financieras y multinacionales -la intervención gubernamental más grande en la historia económica moderna- contradice los argumentos seudo-económicos utilizados en Califano, Harris y sus secuelas surrealistas, para justificar la discriminación geográfica contra comunidades sin poder político y con el mayor grado de inequidad económica y salubristra de la nación. 

El asunto podría terminar en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ante una mayoría conservadora, que los expertos apuestan, deben revocar la decisión del Circuito en Vaello, a menos que Chief Justice John Roberts sorprenda con otro voto de columpio (“swing vote”).