El Tribunal Supremo español acaba de anunciar su sentencia en contra de 12 políticos o activistas catalanes, algunos de los cuales llevan casi dos años en prisión “preventiva”. La sentencia es dura: entre 11 y 13 años de prisión para la mayoría de ellos por “sedición” y malversación de fondos.

En las democracias liberales maduras contemporáneas, históricamente hemos visto que los estados centrales han permitido que los gobiernos sub-estatales celebren “referéndums constitucionales” para aclarar qué tipo de relación política los ciudadanos quieren tener con el estado central. A esto le llamamos “democracia”. Una variedad de este tipo de referéndum es el de auto-determinación en sociedades sub-estatales con características nacionales: se busca determinar si la ciudadanía quiere una forma de soberanía, una variedad del autonomismo o alguna relación federal con el centro. Así se ha procedido en Escocia en 2014, dos veces en Quebec y en múltiples ocasiones en Puerto Rico.

En el estado español, han judicializado y criminalizado un asunto que requiere un diálogo político. Como acaba de decir el presidente del gobierno catalán: “el uso del Código Penal contra la voluntad popular es una herencia de la dictadura, no un rasgo propio de la democracia”. El primero de octubre de 2017, el gobierno catalán implementó el mandado democrático de la ciudadanía y organizó un referéndum, el estado central lo criminalizó e intentó reprimirlo, hubo una declaración de independencia simbólica y anémica, y se procedió al arresto de los 12 líderes que ahora reciben su sentencia.

Obviamente, la Rebelión bajo el Artículo 472 del Código Penal solo existía en la imaginación febril del juez instructor Llarena y las elucubraciones dantescas de la Fiscalía. El Tribunal descartó ese delito.

¿Pero el delito de “sedición”, que es muy grave, se configura en este caso? El Artículo 544 dice: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

Coincido con la opinión de un experto: “en principio, podría decirse que los acontecimientos conocidos dan pie a pensar que había un intento de impedir la aplicación de las leyes, y en algún caso, aparentemente, se impidió actuar a una funcionaria judicial en el registro ordenado por un juez. Sin embargo, muchos especialistas en derecho penal discuten que se pueda hablar de sedición. Por una parte, por un principio general de aplicación de las sanciones penales: si unos hechos pueden ser entendidos como ejercicio de un derecho fundamental, no debe considerarse que constituyen un delito. Así, si los acontecimientos en losque una masa de gente se concentraba ante el lugar en donde se practicaban registros pueden verse como ejercicio del derecho de reunión o manifestación, o un delito menor de desórdenes públicos, no deben entenderse como constitutivos del delito de sedición”.

En resumen, tampoco se configura el delito de sedición.

En una democracia liberal madura, la aplicación del derecho penal no tiene nada que ver con la gravedad política de unos hechos, sino con su correspondencia con los elementos establecidos en el Código Penal.