El Plan de Ajuste de la Deuda de Puerto Rico (PAD) recientemente sometido al tribunal de Promesa por la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico (JSF), tiene que pasar por una serie de pasos: divulgación, solicitación, tabulación de votos, objeciones por acreedores y vista judicial para su aprobación.

Al final, el PAD puede ser denegado por el tribunal sino cumple con Promesa. En cuyo caso se podría enmendar y radicar de nuevo o el tribunal podría desestimar el caso de Título III del gobierno, eliminado los efectos y la protección que concede Promesa.

Dos análisis excelentes sobre el PAD han sido publicados: “La odisea del plan fiscal”, El Nuevo Día por Kenneth Rivera Robles, el 5 de octubre de 2019; y Brad Setser, “Is Puerto Rico Back on a Path Toward Debt Sustainability?, Council For Foreign Relations (CFR), el 30 de septiembre, de 2019. Setser fue secretario auxiliar del Tesoro, a cargo de asuntos económicos.

Según Rivera Robles, el PAD recorta 47% de la deuda. Por otro lado, el 96% de la deuda “no asegurada”, en parte adeudada a residentes locales, será eliminada. Además, el PAD recorta sustancialmente la deuda de bonos garantizada ($6,000 millones) emitida en los años 2012 y 2014, sujeto al resultado de los litigios pendientes con los bonistas.

De no llegarse a unos acuerdos, el resultado de estos litigios podría cambiar los números de repago de la deuda bajo el PAD.

Rivera Robles también aclara sobre rentas anuales, que el Fondo General recibe $9,500 millones anuales más otros $8,000 millones (cobros por servicios) para totalizar más de $17,000 millones, por tanto, el repago de 9% del ingreso interno bajo el PAD no viola el límite de 15% constitucional.

El PAD tiene que ser consistente con el Plan Fiscal de cinco años, según certificado por la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico (“JSF”). De hecho, su aprobación judicial depende del análisis de sostenibilidad de deuda usado para certificar el Plan Fiscal y determinar cuánto puede pagar el gobierno a sus acreedores en los próximos 40 años.

Es difícil predecir el servicio de deuda adecuado, porque depende de crecimiento económico y sobrante acumulado, basado en predicciones históricas y sin una prueba de resistencia (“stress test”) que incluya eventos inesperados o catastróficos futuros.

Además, los modelos de sostenibilidad utilizan Gross Domestic Product (GDP), incluyendo ingresos de compañías extranjeras que usan ventajas contributivas para evitar ganancias, estrategia que Setser confirma cuando dice: que en Puerto Rico e Irlanda el “transfer pricing” contributivo enmascara el tamaño de la economía.

El hecho de que el GDP puertorriqueño resulte inflado es doblemente preocupante por la probable eliminación del crédito por arbitrio que impone la isla a industrias extranjeras, que reduciría los réditos internos por $2,000 millones, creando un déficit para el servicio dela deuda y servicios esenciales.

A la vez, Setser compara el servicio de la deuda bajo el PAD - cerca de 9.2% del total de cerca de $10,000 millones ingresos internos - con otros estados que promedian un $4.5%, concluyendo que de aprobarse el PAD pagaríamos el doble.

Igualmente concluye, que Puerto Rico terminaría con una deuda per cápita mayor, comparado con los cinco estados más endeudados, siendo la población más pobre de la nación.

Finalmente, Setser aplaude que el tipo de bono expedido en Cofina (Capital Appreciation Bonds o CAB’s) que acumulan el repago al final y disimulan aumentos en los años primarios, no están siendo utilizados esta vez por los diseñadores del PAD.

Esto, según el autor, representa la característica mejor del PAD, ya que mantiene repago fijo anual de $1,500 millones, contrario a Cofina donde los bonos “CAB” tienen valor de $2,400 millones ahora, pero se multiplican hasta los $14,000 millones al final, perdiéndose la ventaja del recorte original.

Además, esta fórmula de amortización fija sirve de amortiguador por algún evento catastrófico inesperado o recesión a nivel local o mundial que pueda pasar.