Luego de haber disfrutado hasta el delirio la victoria de Mónica Puig, y de habernos extasiado de grandeza, algo que necesitábamos, tenemos que volver los ojos a esa realidad triste que nos embarga. Un país endeudado, sin capacidad de pago, con unos políticos que hicieron mal uso de la confianza del pueblo y una Junta de Control Fiscal impuesta pero, tristemente, merecida. El espectro de la desvergüenza nos acosará por buen tiempo.

Pero lo más que nos debe inquietar es, si luego que esa Junta le pague a los acreedores y ponga las finanzas al día (si eso es posible), ¿seguirá el despilfarro, el favorecimiento a los amigos de la casa, los contratos leoninos, los préstamos a granel?

Es inminente la eliminación o consolidación de agencias y oficinas públicas, así como reubicar agencias y oficinas gubernamentales en estructuras del gobierno. Hace años que se han ido desocupando escuelas, las cuales han quedado abandonadas. Cuando reubicar no sea posible habrá que renegociar cánones de arrendamiento.

Como corolario precisamos la imposición por legislación de un tope salarial a los jefes de agencias. Como país pobre no podemos darnos el lujo de salarios sobre $100 mil. Es falso que los que vienen a servir lo hacen por dinero. Esto, enlazado con la eliminación de los empleados de confianza, robusteciendo el sistema de mérito, el clamor popular que tiene que ser atendido. Sabemos que cada partido conviene, con los colaboradores en sus campañas políticas, empleos innecesarios. Práctica repugnante. Si se adopta el concepto de sistema de mérito como filosofía administrativa se añade pureza al gobierno.

Por otro lado, cada vez que surge una situación o problema pretendemos resolverlo con comités, consejos y juntas que no resuelven nada. Tenemos que reducir esta práctica a situaciones extremadamente necesarias. Ahorrándonos, de paso, dietas y otros emolumentos.

No se ha registrado incidente alguno que ponga en riesgo la vida de los gobernantes. Por tanto, es tiempo de eliminar escoltas a exgobernadores, funcionarios y familiares. Asimismo, reducir el dinero para sus oficinas. ¿Qué beneficios aporta al pueblo? ¿No ha sido su ingenio el responsable de la crisis que padecemos?

Otros aspectos que deben ser parte de la reestructuración administrativa son: eliminar tarjetas de créditos, gastos de “representación” y los viajes al exterior. Sabemos que muchos de eso viajes son vacaciones pagadas por el pueblo. Además, reducir las flotas de automóviles. Procede, de una vez y por todas, eliminar beneficios marginales y bonos de improductividad, asesores de boberías, consultores y ayudantes fatulos. Sabemos que son puestos políticos que nada aportan salvo hacerle favores al político de turno. Precisamos desarrollar métricas y criterios más estrictos para la contracción de servicios. Eliminar contratos leoninos, la mayoría de las veces a donantes políticos, es una costumbre que hay que abolir.

Y, con voluntad, si las faldas y los pantalones están bien ceñidos al cinto, reducir en cinco las alcaldías: la del norte, sur, este, oeste y central. En la actualidad, los medios de comunicación han acercado a la gente y la proximidad virtual es la orden del día. No hay justificación alguna para 78 alcaldías, sendas legislaturas y miles de agencias municipales. Del mismo modo, reducir dramáticamente el tamaño de la legislatura, funcionando, conforme a la voluntad expresada por el pueblo, con una sola cámara. Un país de 100 por 35, no necesita tantos legisladores para lograr una adecuada representatividad.

Posiblemente, estas medidas de forma aislada no impactan poderosamente los ingresos, pero viéndolas en conjunto representan grandes ahorros. Ese es el reto de la próxima administración. En tiempos difíciles, no podemos darnos lujos exuberantes de países con economías prósperas.