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Ha pasado más de un mes desde que la gobernadora emitió la primera Orden Ejecutiva que decreta el distanciamiento social. Han sido muchas las voces que han expresado sus preocupaciones por el impacto de estas medidas sobre las poblaciones en situación de vulnerabilidad, particularmente sobre las personas privadas de libertad. Varios grupos de amigos y familiares de confinados, y organizaciones defensoras de los derechos de esta población, han expresado sus preocupaciones ante la limitada información que se tiene.
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