A sus 74 años, vive sola.  Sus hijos emigraron buscando empleos que no hallaron en Humacao. Lleva cuatro semanas enclaustrada en su casa, de donde sale para lo básico, y los chavitos se le están acabando.

Sus hijos están desesperados, pero allá lejos poco pueden hacer por ella. Del gobierno sabe nada o muy poco. Se las buscará sola -dice- con apoyo de sus vecinos. No cuenta con guantes ni máscaras. Esas se acabaron hace tiempo en el pueblo. Cada vez que sale por la puerta se angustia ante la posibilidad de que la contagien con el virus.

Durante los seis meses que estuvo sin luz después de María, Doña Isabel (nombre ficticio) recibió poco apoyo del gobierno. Aún no ha podido reparar su casa, que ahora resulta que está en una zona inundable.  Le ofrecen relocalizarla, pero ella jura que morirá en su hogar.  Y con el COVID-19, puede que eso suceda más pronto de lo que pensaba.

Después del huracán, una organización sin fines de lucro vino a su rescate.  Su centro de apoyo, acopio y distribución -nutrido por donaciones filantrópicas, privadas e individuales- fue vital para su supervivencia. La atendieron conocidos, vecinos y hasta familiares.  Se sintió escuchada, atendida y agradecida.  Pero ahora no sabe quién vendrá a ayudarla.

A pesar de diversos reclamos, los planes de respuesta del gobierno no incluyen al sector sin fines de lucro y a las filantropías. Precisamente el sector que atendió primero y más dinámicamente a los más vulnerables después de María y los sismos del 2020.  

Las declaraciones de emergencia y desastre mayor de Estados Unidos y Puerto Rico centralizan la respuesta en el gobierno central, pero no excluyen a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).  La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) apoyará a las que brinden servicios cobijados por un acuerdo con el gobierno.  Precisamente lo que no ha ocurrido.

Sin esta alianza gubernamental, las OSFL no podrán recuperar parte del costo de la distribución de alimentos, medicinas, agua y otros suministros para aquellos sin recursos y que por su vulnerabilidad no deban salir de sus hogares. No tendrán apoyo para localizar y trasladar a los enfermos; ni para el equipo de protección esencial para estos servicios. Todos estos son gastos reembolsables en un 75 por ciento bajo la Categoría B del Programa de Asistencia Pública de FEMA.

La espera desespera. Muchas OSFL aguardan autorización del gobierno para movilizarse.  Las filantropías locales y foráneas no saben cómo priorizar sus recursos en las áreas más urgentes y desatendidas. La inacción del gobierno es inexplicable ante tantos y tan buenos recursos disponibles para atender la emergencia. 

El gobierno está centralizando un esfuerzo que le queda demasiado grande. No sólo soslaya a las OSFL y a las filantropías, también a los municipios y al sector privado.  Ahora, que la situación es aún manejable, es el momento de unir todos los recursos y voluntades.  De lo contrario, será muy tarde para Doña Isabel y miles de otras personas si esperan para cuando esta amenaza letal -Dios no quiera- se nos vaya a todos de las manos.