


La reciente decisión del Tribunal Supremo en el caso DACO vs. LUMA marca un punto de inflexión en la discusión energética del país. El Tribunal concluyó que el Negociado de Energía excedió su autoridad al aceptar una cláusula que pretendía otorgar inmunidad civil a LUMA Energy ante reclamaciones por daños asociados a apagones o fluctuaciones de voltaje. Esa facultad, señaló el máximo foro judicial, corresponde exclusivamente a la legislatura. La sentencia restituye el derecho del consumidor a reclamar sin enfrentar una barrera legal. Pero, más allá del aspecto jurídico, expone un problema estructural más profundo.

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