El miércoles en la noche la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, envió un comunicado de prensa anunciando que había emitido un Estado de Alerta para atender el problema de la violencia por género. Las primeras reacciones fueron positivas, ya que el comunicado incluye varios conceptos que se habían discutido en la última reunión de las organizaciones de mujeres y feministas con la gobernadora. 

El mismo incluye nuestras preocupaciones sobre la falta de rendición de cuentas en el cumplimiento de la política pública que se aplica al problema de la violencia de género y la gobernadora exhorta a las agencias gubernamentales a cumplir con los protocolos, procedimientos y leyes que existen sobre el tema. La alerta es un aviso, pero no expresa urgencia ni incluye propuestas de acción integradas para resolver la falta de fiscalización y el incumplimiento de las políticas públicas pertinentes. Hasta ahora no hay una orden ejecutiva. Por lo tanto, no hay claridad ni especificidad de las acciones que conlleva este Estado de Alerta.  

El reclamo de las organizaciones de mujeres y feministas es que se emita una orden ejecutiva que establezca un plan a corto plazo de implantación inmediata de acciones muy concretas y puntuales. Una alerta no es lo que necesitamos para atender el problema de manera efectiva. 

Necesitamos una declaración de emergencia nacional cuyo propósito medular sea actuar con urgencia e implantar el proyecto inaplazable de análisis puntual de todas las fallas del sistema de la administración de la justicia en Puerto Rico que ha permitido la dejadez, la ineficiencia y la impunidad en los casos de violencia doméstica, agresiones sexuales, femicidios, hostigamiento sexual en el empleo, desaparición de mujeres y niñas, entre otras formas de violencia de género.

La evaluación expedita del estado de situación serviría para tener informes de todas las instancias gubernamentales con datos analizados que permitan desarrollar planes integrales, transversales y con perspectiva de género. La rendición de cuentas y la declaración del Estado de Emergencia con la inclusión de las acciones concretas que fueron consensuadas por las organizaciones que participaron en las dos reuniones es una gestión impostergable para el gobierno.

Entre las propuestas de implantación urgente están: el lanzamiento de una campaña masiva de educación, la incorporación de la perspectiva de género en el currículo, un estado revisado del personal adiestrado y disponible para atender situaciones de violencia de género en todas las áreas policiacas y sus respectivas acciones correctivas, el esclarecimiento de casos de mujeres desaparecidas en el país, apoyar con fondos recurrentes a los albergues para ofrecer servicios de seguridad y protección a las sobrevivientes, prioridad en la búsqueda de agresores que tienen órdenes de arresto y/o juicios pendientes en casos relacionados a violencia doméstica y sexual, evaluación continua de los programas de desvío para la reducación de las personas agresoras, designar un comité interagencial para que realice una auditoría de los safe kits que no han sido analizados y crear un comité interagencial dentro de un término no mayor de sesenta (60) días que monitoree el cumplimiento y acciones concretas conducentes a atender la emergencia.

¿Cuál es la resistencia de la gobernadora a declarar el estado de emergencia? En las dos reuniones sostenidas con las organizaciones de mujeres y con las feministas, la gobernadora expresó varias reservas. La primera fue la falta de fondos, particularmente en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. La segunda, que querían elaborar un plan de emergencia como los que se preparan para responder a un desastre natural, para que todo el funcionariado público sepa lo que tiene que hacer ante una incidencia de violencia de género. Y finalmente, su última resistencia fue sobre la temporalidad del plan. 

A cada una de estas excusas, las mujeres le presentaron respuestas concretas.  Primero, que la mayor parte de las propuestas presentadas por las organizaciones no implican una asignación extraordinaria de fondos, pero aun así, se le identificaron fuentes de fondos recurrentes del Departamento de Justicia federal que están destinados para el tema de la violencia de género y la elaboración del Plan Consolidado de la OPM. Sobre el plan de emergencia, la respuesta fue que, en Puerto Rico, desde hace más de 30 años, se han aprobado leyes, protocolos, reglamentos y procedimientos que detallan claramente las tareas específicas de todas las agencias gubernamentales ante una querella o incidente de violencia de género, desde la Policía, Fiscalía, tribunales, hasta las salas de emergencias. Y que, por lo tanto, el problema no es que el personal no sepa lo que tiene que hacer, sino que no hay adiestramiento continuo, no hay supervisión adecuada ni fiscalización. 

Con respecto a que un plan de emergencia tiene fecha de inicio y de terminación, se respondió que los límites de tiempo se pueden asumir sin problemas si hay claridad sobre qué es lo que se quiere lograr en ese espacio de tiempo y la fiscalización apropiada.

Estamos alertas de que esto no se trate solo de expresiones mediáticas de la gobernadora.