Punto de vista

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Derechos “constitucionales” de las víctimas de delito

En la actualidad se discute en los Estados Unidos la posibilidad de consagrar en la Constitución de ciertos estados los derechos de las víctimas de delito. Esta enmienda constitucional busca equiparar los derechos de las víctimas a los de los acusados y garantizar así su preservación y respeto, con carácter prioritario e ineludible. En Puerto Rico se ha comenzado a discutir en algunos círculos la posibilidad de hacer lo mismo. 

Sin duda alguna, debe ser una aspiración de cualquier sociedad que busca la igualdad y el trato humanitario para sus miembros que las personas agraviadas por actos delictivos reciban algún tipo de protección que facilite su comparecencia al tribunal a denunciar sin temor a quien les hizo daño. Así también, que experimenten una sensación de justicia y restauración en cuanto al daño sufrido una vez concluya el proceso penal. No obstante, debemos tener claro antes que todo el concepto que sirve de norte al sistema de justicia penal puertorriqueño. 

Las leyes penales en Puerto Rico en materia del proceso contra un acusado de delito pretenden garantizarle un juicio justo e imparcial. Como principio rector de esta aspiración, tiene que observarse un debido proceso de ley que trate al acusado como inocente hasta que los fiscales logren demostrar la culpabilidad de esta persona más allá de duda razonable. Estos derechos de los acusados están garantizados en la Constitución. La razón de ser del proceso es precisamente encausar al acusado y hacerlo de forma justa. 

En un proceso criminal son los fiscales quienes abogan por las víctimas de delito, son la voz de las víctimas. Además, en Puerto Rico existen varias leyes que garantizan que sus derechos sean reconocidos y respetados. Debido a eso, es cada vez más común que un derecho constitucional tan fundamental como la fianza se vea restringido. En cierto tipo de delito los jueces están obligados a limitar el libre movimiento de un imputado bajo fianza a través de un aparato de supervisión electrónica. Asimismo, se dispone que no puede residir mientras se encuentre bajo fianza en un lugar cercano a la residencia de la víctima. También, en una alegación pre acordada de culpabilidad, los jueces se aseguran rutinariamente de que la víctima está al tanto de dicha estipulación y fue consultada. 

Estos derechos de las víctimas de delito y varios otros forman parte esencial del manejo de un proceso criminal. Sería irresponsable aseverar que esas leyes son letra muerta. Los abogados criminalistas que, como yo, representamos diariamente acusados de delito, vemos de forma cotidiana cómo estos derechos se atienden y se respetan por nuestro tribunal antes de resolver un caso.

Ahora bien, se ha planteado que elevar estos derechos de las víctimas a rango constitucional aseguraría su reconocimiento en los tribunales. Proponer esto es lo mismo que decir que los fiscales noestán haciendo su trabajo de escuchar a las víctimas, atender sus preocupaciones y abogar por sus inquietudes ante los jueces. Si eso fuera cierto, el Estado tendría un grave problema de incapacidad e indolencia de sus funcionarios; lo cual ciertamente no se soluciona manoseando el documento fundamental y constitutivo del poder político del país, sino capacitando mejor a esos funcionarios del Estado y exigiéndoles más eficiencia.

Por otro lado, es un error inexcusable sostener que los derechos de las víctimas tienen que ser equiparados a los de los acusados. El acusado -que en una sociedad democrática, moderna y civilizada se presume inocente se enfrenta en un proceso judicial al Estado con todos sus recursos. El acusado está solo frente al país y solamente su abogado o abogada lo resguarda. 

La víctima está representada por el fiscal, protegida por el juez y auxiliada por funcionarios de la Policía y del Departamento de Justicia que se dedican a dar apoyo a estas personas. Lo que se desarrolla como drama humano en una sala de casos criminales no es un problema privado entre la víctima y el acusado. Es un asunto público en el que los recursos de todos los contribuyentes del país se utilizan contra el acusado. 

Es por eso que los derechos constitucionales son únicamente del acusado y no de la víctima, porque el acusado es el único que los necesita. Ninguna otra persona que sea parte de este proceso se arriesga a perder su libertad, y tal vez su vida, a manos del poderoso Estado, como consecuencia del proceso. 

Esos derechos constitucionales existen para nivelar una balanza que, desde el inicio, confronta a un individuo con su más formidable adversario: el Estado. Concederle ese mismo rango de urgencia e importancia a los derechos de las víctimas -más aun sabiendo que existen actualmente leyes que protegen su dignidad y bienestar en el proceso- es regresar a tiempos medievales en los que, sin árbitro ni mediador, una persona ajusticiaba a la otra y sin razón o con ella, sobrevivía el más fuerte. La fuerza nunca ha sido elemento adecuado para medir la justicia.