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Tras un convulso cuatrienio en el que Donald Trump utilizó al Departamento de Justicia de Estados Unidos como su arma personal para beneficiar a allegados y asustar a opositores, el verano pasado la Casa Blanca de Joe Biden promulgó directrices que establecían cómo y cuándo los funcionarios allegados al presidente podrían comunicarse con los fiscales federales. Era, en alguna medida, un regreso a la normalidad: fronteras claras entre lo que es apropiado y lo que no lo es.
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