En nuestro país existen aproximadamente 300 mil personas con diversidad funcional. De esa cifra, hay 100 mil estudiantes participando del programa de Educación Especial que administra el Departamento de Educación. A pesar de que esta estadística representa casi el diez por ciento de nuestra población, estos ciudadanos pasan desapercibidos por muchos, sin recibir los servicios básicos a los que tienen derecho, o peor aún, sin recibir una muestra de solidaridad o empatía. Mientras, reiteradamente sus padres o cuidadores levantan sus voces reclamando una cuota razonable de justicia para encontrarse con la trágica indiferencia y el rechazo de las instituciones gubernamentales. En fin, la promesa de comprensión y empatía es solo una ilusión.