El americano habló y, una vez más, se lavó las manos convenientemente sobre el futuro de su posesión colonial. Decidan ustedes lo que quieran, dijo, pero no cuenten con que nuestro gobierno les hará caso cuando finalmente tomen su decisión.

La carta del Departamento de Justicia federal a la Comisión Estatal de Elecciones sobre el plebiscito estadidad sí o no tiene varias similitudes, algunas banales y otras sustantivas, con otra que envió esa agencia al gobierno de Ricardo Rosselló en 2017 con motivo de otro fallido referéndum sobre status.

La del 2017 se envió Jueves Santo. Esta fue jueves de tormenta. La de 2017, al igual que esta, la firmó el subsecretario de Justicia, por aquello de que todo un señor Attorney General no se distraiga o entretenga con asuntos baladíes de las posesiones ultramar.

Pero la esencia sustantiva de ambas es idéntica: al gobierno permanente de Estados Unidos no le incomoda en lo más mínimo el status territorial y colonial de Puerto Rico.

Toda la tinta que gastó el subsecretario Jeffrey Rosen para negar $2.5 millones – que en el contexto del presupuesto estadounidense es algo así como un centavito que uno ve tirado en el piso – se debe a una realidad que muchos en Puerto Rico no pueden aceptar porque, si lo hacen, se les va abajo su propia identidad política y quizás hasta personal: Estados Unidos aborrece la posibilidad de que Puerto Rico sea un estado. Hay una amalgama de razones – económicas, étnicas, prácticas – pero es insoslayable.

Es cierto que el expresidente Barack Obama dijo esta semana que Puerto Rico merecía ser tratado igual que los estados. Pero durante ocho años en el poder no hizo nada para que eso sucediera. Por el contrario, impulsó y firmó la Ley Promesa y la Junta de Supervisión Fiscal que nos llevaron de regreso político casi al 1898.

Los populares celebraron esta más reciente carta de Justicia federal como otro duro golpe a las aspiraciones estadistas. En parte tienen razón. Pero que no se entusiasmen demasiado porque lo consignado por la misiva oficialista reitera lo que estableció la agencia en su carta hace apenas tres años, y no es bonito para ellos tampoco.

Las únicas opciones de status viables son, según el Departamento de Justicia federal, “la estadidad, la continuación del status territorial, (y) la independencia (incluyendo la libre asociación)”. En otras palabras, el Estado Libre Asociado – el Commonwealth – ni tan siquiera apareció mencionado como opción con nombre y apellido. Si quieren seguir como estamos, dijo Justicia, es porque desean el territorio. Y aquellos populares que quieran la libre asociación, sepan una vez más que esa opción es considerada por el americano como nada más y nada menos que la independencia.

El mensaje para los populares y estadolibristas está ahí para el que quiera verlo. No existe tal cosa como un “enhanced Commonwealth”. Lo que tienen es lo que hay. Cualquier embeleco de ELA mejorado o fuera de la Cláusula Territorial no está sobre la mesa. Es como Star Wars, no existe, es ficticio.

En resumen, la carta de Justicia federal transmite claramente que los plebiscitos sobre status de 2012 y 2017 no les merecen credibilidad, que no tienen problema manteniendo a Puerto Rico como la colonia más antigua del hemisferio, y que lo que aquí un partido llama nostálgicamente el ELA es, en realidad, “la continuación del status territorial”.