Ernesto J. Del Rosario Camareno
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El continuo descenso de la administración pública

La administración pública puertorriqueña una vez más desacierta en la toma de decisiones. La priorización de los asuntos todavía no le queda clara y a menudo se le olvida a quién le deben su función.

Podría resultar redundante, pero a modo de recordatorio para nuestros dirigentes, se administra lo público, en beneficio del público, entiéndase el pueblo.

La función de la administración pública es ser el brazo gestor de las políticas del gobierno. Pero en tiempos de crisis parece que a ese brazo gestor le surgen unas deficiencias anatómicas. Las ejecuciones correspondientes resultan ser insuficientes para la ciudadanía y cuando esta les exige a sus funcionarios, nace otra deficiencia anatómica, pero ya no es el brazo; ahora es la lengua. Las escasas palabras que salen son “hay que pasar la página”, “yo no quiero hablar más de esto” y “la mamá de la Secretaria de Justicia miente”. Quizás nuestros funcionarios piensan que rendirle cuentas a la ciudadanía es algo que se hace de vez en cuando y que, en tiempos de crisis, la transparencia no es necesaria. Todavía no se dan cuenta de que la ciudadanía no quiere un gobierno paternalista, sino que desea que se le involucre en los asuntos públicos. La ciudadanía demanda información al estado, porque se quiere convertir en un agente fiscalizador.

Pero, sin duda alguna, convertir a los ciudadanos en actores fiscalizadores no está en la agenda de los partidos que han gobernado a Puerto Rico. La retórica que opera es la de crear un “spoil system”.

Poun define a este sistema como uno de patronazgo. Se caracteriza por la policitación de la administración y la inexperiencia de sus empleados, los cuales son nombrados y removidos a partir de sus fidelidades y compromisos políticos, por encima de su preparación y capacidad profesional.

Las últimas noticias que han surgido en la crisis dentro de la crisis que vive nuestra administración pública son la firma de un contrato millonario por una ayudante especial del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) y que dicho contrato se le dio a una compañía que tiene vinculación con el partido de turno. Este contrato tenía como fin comprar unas pruebas rápidas, sobrevaloradas, para detectar el coronavirus. Dicho contrato fue cancelado, dado que no se cumplió con la fecha de entrega, ni contaba con el aval federal. Esto es un ejemplo de lo que constituye operar en un “spoil system”: la gente que no tiene peritaje en un área, pero sí tiene cartas de recomendación de alguna persona en las altas esferas de su partido, será la persona que ocupe el puesto.

El gobierno no puede desfavorecer la rendición de cuentas y la transparencia, a la vez que favorece el paternalismo estatal y el patronazgo político. Lo único que hará será seguir descomponiendo la administración pública puertorriqueña, que todavía no ve cómo recomponerse. Ni mucho menos quién la recomponga.


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