El Departamento de Hacienda publicó hace unos días un informe muy esperado por los interesados en la política fiscal de Puerto Rico: un listado detallado del gasto tributario incurrido por el gobierno en cada uno de los incentivos, exenciones y créditos que ofrece a los contribuyentes. Es un informe muy valioso y necesario, y un producto que evidencia el profesionalismo de los especialistas de Hacienda, pero es importante que no se interprete de manera equivocada.

Conviene empezar por tener claro qué es un gasto tributario (tax expenditure, en inglés). En esencia, es un ingreso contributivo al cual Hacienda renuncia con el fin de apoyar o incentivar alguna actividad económica o social. Dejar de recibir un ingreso tiene el mismo efecto en el presupuesto gubernamental que gastar la misma cantidad de dinero; de ahí que se le llame un “gasto” tributario.

En este informe—el primero así de detallado sobre este tema—se estimó un gasto tributario que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, porque sobrepasa los 20 mil millones de dólares. Esta es una cifra recurrente, que se repite año tras año y puede incluso aumentar de un año a otro. El dato que tenemos es para el año fiscal 2017.

Aquí es que está el peligro de una interpretación errónea. Este número no se puede ver como que Hacienda podría allegarse 20 mil millones de dólares o más cada año, simplemente con eliminar todos los incentivos, créditos y exenciones que existen en la actualidad. Si fuera así, no habría crisis fiscal ni crisis de deuda.

Es tentador decir que cobren todo ese dinero y se olviden de los planes de ajuste fiscal y la renegociación de la deuda pública. Pero sería un error irse por ese rumbo. En el propio documento de Hacienda se explica con mucha claridad que el cálculo del gasto tributario se hace sin tomar en consideración cómo cambiarían los recaudos si se eliminaran algunas o todas las causas de ese gasto. La realidad es que en algunos casos Hacienda podría recuperar casi la totalidad del gasto estimado, y en otros recuperaría muy poco. Hay que examinar cada caso por separado.

Un ejemplo que salta a la vista en el informe es el gasto tributario atribuido a la ley de incentivos contributivos que ofrece tasas contributivas muy reducidas a las corporaciones foráneas. Esta partida por sí sola representa más de 15 mil millones de dólares. El cálculo se hace tomando en cuenta lo que pagarían si estuvieran sujetas a la tasa corporativa ordinaria, en lugar de tributar a tasas preferenciales.  

Pero ahora mismo la tasa corporativa ordinaria de Puerto Rico es significativamente más alta que la de Estados Unidos, debido a la reforma contributiva federal del 2017. Si las pusiéramos a pagar la tasa ordinaria nuestra, estas corporaciones foráneas sencillamente se irían de aquí. Hacienda no recuperaría nada o casi nada de los más de 15 mil millones de este gasto tributario, y además se le ocasionaría un grave daño a la economía local, cuando menos puede asimilarlo.

Por otro lado, no olvidemos que el Tesoro de Estados Unidos quiere que pensemos en la eliminación de la Ley 154, que produce cerca de 2 mil millones de dólares anuales en recaudos con el arbitrio de 4 por ciento a las corporaciones foráneas. Para ello, habrá que aumentar la contribución corporativa a estas empresas, lo cual ya reduce el margen de acción que tiene Hacienda en este renglón.

¿Cuál es, entonces, la utilidad del informe? Que detalla el gasto tributario para cada uno de los incentivos, créditos y exenciones, para individuos, corporaciones y entidades sin fines de lucro. Siendo así, es un documento indispensable para poder hacer un análisis que compare los costos y beneficios de cada programa de incentivos, lo cual permitirá separar los que se justifican de los que simplemente malbaratan el dinero público.

No cabe duda de que Hacienda puede y debe recuperar una parte de esos 20 mil millones de dólares que actualmente se otorgan a actividades de dudosa productividad. Con sólo una parte que se recupere, se puede mejorar notablemente la estabilidad fiscal del gobierno.