Eduardo Villanueva
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El deber de hacer justicia

El sistema de justicia criminal y las Reglas de Procedimiento Criminal están significativamente cargados a favor del Estado y contra el acusado. Podemos sustentar eso con diversos fundamentos. La Regla 6 para determinar causa permite al Ministerio Público someter un caso con declaraciones juradas que no son entregadas a la defensa y sobre las cuales no se permite contrainterrogar al que la suscribió. Las somete el agente que investigó el caso. Por ahí comienza a violarse el derecho a la confrontación que establece la Regla 604 de Evidencia y el Artículo ll, sección 11 de la Constitución de Puerto Rico. Así lo plantearon los abogados de la licenciada Wanda Vázquez cuando ella figuró como imputada de delito por el FEI en un proceso penal.

Si hay causa para arresto, y ello ocurre más del setenta por ciento de las veces, la defensa no tiene derecho a una revisión automática de la Regla 6, como lo tiene el Ministerio Público, si no hay causa. Tendría que justificarlo a base de una Regla 64 de Procedimiento Penal y el juez tiene discreción para denegarla. En vista preliminar ocurre lo mismo. Si no hay causa, el fiscal puede acudir en alzada con la misma prueba o prueba distinta. Aunque sea una determinación frívola, el juez no puede denegarla, tiene que concederla en un segundo turno al bate para el fiscal. La defensa no tiene igual derecho. También en vista preliminar hay causa inicialmente o en alzada más del setenta por ciento de las veces.

Cuando se lleva un ciudadano a la “justicia”, el Estado ha tenido tiempo, recursos policiacos, científicos y objetivos como fotos o videos para investigar y probar su caso. El acusado pasará por tres etapas o más, si van en alzada, antes de llegar a juicio sin que el Estado le provea la prueba y no es hasta que se celebra la lectura de acusación, que se le permite descubrir prueba mediante una Regla 95. En ese momento, generalmente faltan solo semanas para el juicio. En Puerto Rico, el 85 o 90 por ciento de los que se defienden en juicio resultan culpables. Las Reglas de Procedimiento Criminal no permiten que la defensa conozca la prueba en su contra en su totalidad hasta luego de lectura de acusación, lo cual deja muy poco tiempo para prepararse. La información que se entrega previa a ese acto es muy limitada. En varias vistas sobre enmiendas a las Reglas y en seminarios, he planteado sin éxito que esa limitación es una violación al Debido Proceso de Ley procesal (Art. ll sección siete, Constitución del ELA).

En el caso de Jensen Medina Cardona, acusado por el asesinato de Arellys Mercado Ríos, sectores del pueblo atacaron a la jueza que impuso una primera fianza para garantizar comparecencia a juicio, no para castigar previamente al acusado. Sufrimos por la familia de la víctima y su necesidad de justicia, pero hay que procurar un proceso justo, garantizando el debido proceso de ley.

Ante una vista preliminar en su primer señalamiento, con una opinión pública fuertemente en contra -incluyendo expresiones de la gobernadora, que olvida que ya no es fiscal, que hay unos derechos constitucionales que respetar- no es raro que la defensa solicite tiempo para evaluar la prueba en su contra. La jueza que lo permitió en un término breve cumplió su deber de hacer justicia. Tiene temperamento judicial y respeta la obligación de actuar con balance hacia las partes. No es raro que la defensa pida tiempo, es justo que un juez lo conceda, después de todo se trata de un delito con la pena máxima en juego, que es perder la libertad por vida.



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