El término “crisis alimentaria” se utiliza cuando los países o personas no logran satisfacer las necesidades de alimentos, es decir falta comida para satisfacer las necesidades de las personas.

El cierre del país decretado por la gobernadora muy justificadamente ha traído unas consecuencias negativas que eran de fácil previsión debido al esquema laboral imperante en el que los beneficios marginales fueron reducidos significativamente y para aquellos que no trabajan más de 130 horas al mes sencillamente no hay beneficios.

Algunas personas se preguntan, ¿por qué hay tanta necesidad de alimentación, si existen unos programas de asistencia nutricional? La contestación es que la inmensa mayoría de las personas perjudicadas por el cierre tenían empleos que, de momento, quedaron en suspenso. Este grupo de empleados no recibían las ayudas gubernamentales debido a que son autosuficientes, gracias a su esfuerzo y trabajo. Este es el grupo de empleados que viven de mes a mes, entre quienes el salario mínimo es el prevaleciente, con hogares donde el ahorro es negativo pues en muchos casos sus compromisos exceden sus ingresos.

Por eso, no es razonable el llamado a la paciencia para que estas personas que de golpe y porrazo se quedaron sin dinero para satisfacer sus necesidades básicas. Nuestra economía está fundamentada en el libre intercambio de bienes y servicios, por lo que el dinero es esencial para satisfacer las necesidades básicas. 

Ese grupo inmenso de personas que hasta mediados de marzo estaban empleados y recibían sus salarios modestos ahora tienen urgencia para poder satisfacer sus necesidades básicas. Este es el grupo que no recibía ayudas de asistencia nutricional, ni pagos por desempleo de conformidad con la Ley de Seguridad de Empleo, que es un seguro con estudios actuariales como cualquier otro seguro, pero no es una dádiva.

Mas allá de errores en algunos programas, falta de personal y horarios limitados, hay una falta de urgencia y de anticipación lógica a la decisión de cerrar el país. Estamos seguros de que nadie en el gobierno desea negarle beneficios a la ciudadanía, pero la ausencia de creatividad es evidente.

Sin embargo, me consta que en el Departamento del Trabajo la gran mayoría de los empleados tienen un compromiso genuino con la justicia social y estarían dispuestos a correr la milla extra.