La Cámara de Representantes aprobó este jueves, mediante descargue, el Proyecto del Senado (PS) 1551 que aplazaría la prohibición de los plásticos de un solo uso hasta el 31 de diciembre de 2031.

La medida se aprobó, sin enmiendas y sin mediar discusión, con 28 votos a favor y 24 en contra. Ahora, el proyecto pasa a la evaluación de la gobernadora Jenniffer González.

El Senado también aprobó la medida por descargue, con 24 votos a favor y cuatro en contra de los senadores Ada Álvarez Conde, José Luis Dalmau, Adrián González Costa y María de Lourdes Santiago.

El PS 1551, además, enmienda la Ley 51-2022 para que las penalidades contenidas en sus artículos 4 y 6, por el expendio y utilización de estos plásticos desechables, entre en vigor a partir del 1 de enero de 2032.

“(La medida) divide la transición en tres fases, a saber: planificación y reglamentación, hasta el 30 de junio de 2028; adopción voluntaria y apoyo a los comerciantes, del 1ro de julio de 2028 al 30 de junio de 2031; y orientación y avisos sin penalidad, durante el segundo semestre de 2031″, lee el proyecto de la autoría de la senadora por el Distrito de San Juan, Nitza Morán Trinidad.

“Un periodo de cinco (5) años, organizado en fases, permite ejecutarlas (las etapas pendientes) en secuencia, sin solaparlas, y dedicar la mayor parte del tiempo a la adopción voluntaria y al apoyo a los comerciantes, en lugar de concentrar la transición en los meses previos a la fecha de cumplimiento, como ocurrió en cada una de las prórrogas anteriores”, sostiene la medida, que establece que “las prórrogas breves no han funcionado”.

El artículo 6 de la “Ley para prohibir el expendio y utilización de plásticos de un solo uso” faculta al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a expedir boletos por falta administrativa de $500 en la primera infracción; $1,000 en la segunda; y $5,000 en la tercera y subsiguiente.

Inicialmente, la Ley 51-2022 debía entrar en vigor 24 meses después de su aprobación. No obstante, la prohibición nunca ha sido implantada debido a moratorias impuestas por vía administrativa y legislativa. Actualmente, se supone que la prohibición entre en vigor el 31 de diciembre de 2026, y las penalidades, el 1 de enero de 2027.

La última moratoria, aprobada bajo la Ley 47-2025, creaba un Comité de Trabajo multisectorial, que debía someter, al 30 de junio de 2026, un informe que propusiera a la Asamblea Legislativa “un marco regulatorio ordenado para su análisis final y, enmiendas necesarias tomando en cuenta un balance económico-ambiental”.

“Aunque el Comité continúa sus trabajos, la Asamblea Legislativa todavía no cuenta con las recomendaciones que la propia Ley 47-2025 consideró necesarias para definir el marco regulatorio. En esas circunstancias, permitir que la prohibición y las penalidades entren en vigor automáticamente el 1 de enero de 2027 reproduciría los problemas que motivaron las posposiciones anteriores”, lee el PS 1551.

Desde su aprobación, comerciantes –especialmente dueños de establecimientos de comida– cuestionaron no solo el estatuto, sino el reglamento emitido por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el DACO porque, a su juicio, persistían dudas sobre qué es un producto reusable, qué es compostable y cómo saber el nivel de compostabilidad de un utensilio, entre otros.

“Sin duda, es necesario un calendario de cumplimiento escalonado y proveer más certeza para los pequeños y medianos comerciantes, que son los más expuestos a las multas. Otra posposición administrativa tampoco es la solución. Esto, porque la fecha de vigencia de una prohibición establecida por ley, debe fijarla la Asamblea Legislativa, no una sucesión de órdenes administrativas”, agrega la medida.

De convertirse en ley el PS 1551, la fecha final del 31 de diciembre de 2031 solo podría ser enmendada por la Asamblea Legislativa, no por acción administrativa, como en ocasiones previas.