El Senado dejó el jueves sobre la mesa una resolución concurrente que reclama a la gobernadora Jenniffer González la destitución de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, inmersa desde hace meses en múltiples controversias vinculadas al otorgamiento de contratos que ya resultaron en un referido del cuerpo legislativo a las autoridades de ley y orden.

El senador de la mayoría novoprogresista Ángel Toledo López pidió posponer la votación sobre la medida hasta que culmine la investigación en curso de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional, moción que se aprobó por margen 18-9.

“No hay foro en que se discuta este tema en que alguien piense que la señora Suzanne Roig debe permanecer en su puesto”, planteó, previo a la consideración de la medida, el legislador pipiolo Adrián González Costa, uno de los coautores, junto a su correligionaria María de Lourdes Santiago.

“Por primera vez en la historia, (se presenta) una resolución para quitar ese consejo y consentimiento a un nominado que no solo ha hecho un flaco servicio al Departamento de la Familia, sino que ha mentido constantemente al Senado de Puerto Rico y al país”, señaló, en tanto, el portavoz del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández.

Toledo López, sin embargo, describió como “lo responsable” aplazar la expresión del cuerpo a favor de la destitución de la secretaria de la Familia: “Que a la luz de (la investigación), podamos hacer la recomendación que esta resolución persigue”.

Las resoluciones concurrentes no tienen efecto de ley, por lo que no son vinculantes para la Rama Ejecutiva. En cambio, representan una expresión validada por ambos cuerpos legislativos.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, tomó un turno, en el que sostuvo que la pieza tiene “méritos” y que favorece la salida de Roig Fuertes, pero votó a favor de dejar en suspenso la votación.

“Imaginemos que aprobamos la Resolución (Concurrente) del Senado 23 y la gobernadora mantenga a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig. Algunos dirán: ‘Nosotros le pedimos la renuncia’. Si se rinde un informe con conclusiones de hecho y derecho, eso no lo pueden ignorar”, planteó el líder senatorial, quien considera que Roig Fuertes ha incurrido en “delito” y violaciones éticas.

Santiago, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño y coautora de la medida, había puntualizado que la aprobación de la resolución concurrente no equivalía a anular el proceso investigativo.

Previo al debate, González Costa había indicado a El Nuevo Día que el avance de la resolución concurrente hubiera supuesto que “una rama de gobierno completa” reclamara la salida de Roig Fuertes. Contrario a lo que ocurre con los gobernadores, los cuerpos legislativos no tienen la facultad constitucional de remover a un jefe de agencia por medio de un proceso de residenciamiento.

“Es, en cierta forma, como retirar nuestro consejo y consentimiento y decirle a la gobernadora: ‘Estás abusando de tu poder como máxima funcionaria del Ejecutivo, permitiendo a esta persona (permanecer en el cargo)’, y que llegó por el balance de pesos y contrapesos de nombramiento y confirmación. Los que la confirmamos ya no la queremos ahí”, dijo González Costa.

La medida, presentada el lunes, contiene un resumen de los alegados comportamientos y controversias sobre la gestión actual y pasada de Roig Fuertes en el gobierno, que llevan a retractar el consentimiento que dieron los senadores para que la secretaria liderara el Departamento de la Familia.

Entre lo que se destaca, está que no informara al Senado sobre el referido que tuvo al Departamento de Justicia, en 2021, por su vínculo en la contratación por $60,000 mensuales para el cuidado de un solo paciente en el Departamento de Salud, donde laboraba en destaque.

Asimismo, detalla las controversias suscitadas, desde septiembre de 2026, tras la destitución de la exjefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) Blanca Medina, quien denunció que la secretaria supuestamente la presionaba y hostigaba para que evaluara y concediera un contrato a la empresa NOLA Education para servicios educativos con fondos federales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés).

La adjudicación, luego cancelada, del contrato de $38 millones a NOLA Education se habría dado después que Roig Fuertes viajara, con un grupo de seis personas de Familia, a Nueva Orleans, donde está la sede de la empresa.

Estas denuncias son investigadas por el Senado, Justicia, las autoridades federales y la Oficina del Inspector General.

El Senado también ha requerido documentos y referido para investigación un viaje a la sede de la Fundación SAMU, en Sevilla, España. Esta entidad obtuvo un contrato de $355,646.

“Ningún ruido motivado por intereses políticos me distraerá de mis responsabilidades. Como servidora pública, continúo trabajando con firmeza por el bienestar de las poblaciones más vulnerables, guiada por la integridad, la honradez y la rectitud que siempre han definido mi vida personal y mi trayectoria profesional”, había expresado Roig Fuertes, en declaraciones escritas circuladas más temprano este jueves.

La resolución senatorial también detalla que, ante la entrega de documentos incompletos, Roig Fuertes “obligó al Senado a aprobar por unanimidad, el 22 de octubre de 2026, una moción que le concedió un término de 48 horas para producirlos, so pena de desacato civil”.

“La Sra. Roig ha demostrado una conducta contumaz ante los procesos que ha llevado a cabo el Senado de Puerto Rico. Dilaciones en la entrega de documentos solicitados, brindar información falsa durante la celebración de vistas públicas, entre otras. Este tipo de conducta no solo va en contra de lo que debe ser la exhibida por una jefa de agencia, sino que coloca a este cuerpo en la posición de retractar lo que, en un momento, fue el consejo a la gobernadora y definitivamente su consentimiento a que la Sra. Roig continúe al mando del Departamento de la Familia”, subraya la medida.