Aunque no precisó el día, la gobernadora Jenniffer González anticipó que se reunirá esta semana con la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, con quien, aseguró, aún no ha dialogado sobre las aparentes incongruencias del testimonio que ofreció ante una comisión del Senado que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en la agencia.

“No, todavía no (he hablado con ella). Pero espero tener una reunión con ella esta semana”, contestó el lunes la mandataria, cuando El Nuevo Día le cuestionó si había discutido con Roig las incongruencias y omisiones de su testimonio ante la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos.

¿La reunión será sobre el mismo tema?, se le preguntó.

“Sobre muchos temas”, respondió González, quien ha defendido a la secretaria de la Familia, aunque en pasados días no ha sido tan enfática en su respaldo.

Roig ha permanecido en su cargo, pese a que es investigada por el Senado, el Departamento de Justicia, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico y las autoridades federales, luego que Blanca Medina Díaz, exjefa de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), denunciara públicamente que la secretaria supuestamente la presionaba y hostigaba para que evaluara y concediera un contrato a la empresa NOLA Education para servicios educativos con fondos federales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés).

Medina Díaz también alegó que fue presionada para que diera un contrato a la empresa Strategic Technology Advisors, que entregó dos propuestas a Roig para crear una plataforma de adiestramiento, a un costo de más de $300,000, también con fondos TANF. Roig ha negado las alegaciones.

Las incongruencias del testimonio de Roig se relacionan con sus respuestas a preguntas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, respecto a si NOLA Education pidió un adelanto de dinero previo a la adjudicación de un contrato a su favor, a lo que contestó que no le constaba o no recordaba.

Luego, este medio reveló documentos que demostraban que el Departamento de la Familia había consultado a la firma Advocacy Solutions, representada por el abogado Carlos M. Limardo Ortiz, cómo desembolsarle el dinero a la compañía, incluyendo entregar el 100% del monto antes de ofrecer los servicios. El acuerdo se adjudicó, pero nunca se firmó.

También Roig testificó, en la vista, que ella cubrió todos sus gastos cuando viajó, en diciembre de 2025, a Luisiana, pero NOLA Education certificó al Senado que cubrió todos los gastos de la delegación de Puerto Rico, ascendentes a $13,525.05 entre comidas, bebidas, refrigerios y transporte.

Asimismo, la delegación de Puerto Rico que acudió al viaje era de cuatro personas, según la secretaria, pero NOLA Education confirmó que fueron siete, aunque no las identificó.

Otra incongruencia atañe a la empresa Coccoloba AgroEnvironmental, que pidió no participar de un proceso competitivo y, pese a ello, fue incluida. La secretaria adujo que la compañía sometió “documentos” para participar del proceso competitivo. La empresa demandó al gobierno, la secretaria y al Departamento de la Familia, entre otros, alegando difamación y libelo.

Roig también dijo que no existía ningún contrato con NOLA Education, pero, en la vista senatorial, se mostró un borrador del acuerdo.

Ante esas omisiones e incongruencias, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, ha reiterado, en intercambios con la prensa, que le corresponde a Roig ofrecer explicaciones.