Concluido el período de 48 horas concedido a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, para la entrega de documentos, el senador novoprogresista Juan Oscar Morales pondera solicitar al Senado acudir a los tribunales para exigir la información requerida a la funcionaria, como parte de la investigación sobre alegada presión indebida a la destituida jefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz.

“Con mi equipo, evalúo hacerle una petición al presidente (del Senado, Thomas Rivera Schatz) de que evalúe la posibilidad de acudir hasta los tribunales para que la secretaria del Departamento de la Familia pueda proveer cada uno de los requerimientos que nosotros le hicimos porque, cuando vimos lo que entregó el viernes a las 5:00 p.m., hemos podido evidenciar que no ha sido responsiva con lo que nosotros le hemos solicitado”, indicó el senador, en entrevista con El Nuevo Día.

El pasado jueves, Morales logró que el Senado aprobara, por unanimidad, una moción de su autoría para exigirle a Roig la entrega de documentos que, a su vez, se le habían peticionado el 7 de octubre, cuando testificó bajo juramento ante la Comisión senatorial de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional sobre la controversia en Adsef.

La comisión pesquisa las alegaciones que hiciera Medina Díaz, quien fue destituida de la jefatura de Adsef tras revelar que, supuestamente, era objeto de presiones y hostigamiento por parte de Roig y otros funcionarios para que evaluara y diera paso a contratos a las empresas NOLA Academy y Strategic Technology Advisors. Esta última compañía había presentado, al menos, dos propuestas a la secretaria de la Familia para crear una plataforma de adiestramiento, a un costo de más de $300,000, con fondos del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés). La titular de la Familia ha negado los señalamientos.

El senador Morales detalló que Roig le adeuda copia de los análisis que ha hecho, este último año, la empresa LAP Consulting Group, contratada por Familia con la encomienda de evaluar a los proponentes en el proceso competitivo en el que participó NOLA Academy. Los otros dos proponentes fueron Litoral Vivo y Coccoloba AgroEnvironmental.

La semana pasada, Coccoloba AgroEnvironmental presentó una demanda contra Roig por difamación y daños, entre otras razones, porque declinó participar del proceso competitivo y, aun así, fue incluida.

El senador del Partido Nuevo Progresista también aguarda por información sobre los proponentes que participaron de otro proceso competitivo que terminó con la concesión de un contrato a la Fundación SAMU. Esa empresa española obtuvo un acuerdo por $355,646.50 en septiembre de 2025.

Respecto a la continuación de las vistas públicas de la comisión del Senado, Morales dijo que le “ha tomado por sorpresa” por qué no se ha gestionado proseguir con el proceso.

“No sé por qué, a esta fecha, no se ha hecho alguna convocatoria para continuar con las vistas”, manifestó.

La senadora Wanda Soto, presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional, no estuvo disponible para entrevista para abundar sobre el particular.