El dueño de Coccoloba AgroEnvironmental, Christian Torres, demandó este viernes a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, entre otras figuras, por daños y perjuicios, libelo, calumnia y violación del derecho constitucional a la honra y la reputación; y exige $2.5 millones y una sentencia que declare que su empresa no sometió propuesta ni participó en el proceso competitivo por invitación que desembocó en una adjudicación –después anulada– a NOLA Academy.

Fueron demandados, además, el gobierno de Puerto Rico y LAP Consulting Group, firma de Luis Pedraza González que el Departamento de la Familia reclutó para evaluar la supuesta propuesta que Torres presentó para la prestación de servicios educativos costeados con fondos del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés).

Ramón Rodríguez Montalbán y Misael Pérez Marrero también fueron demandados, ya que, junto a Pedraza González, conformaron el comité que, en el proceso competitivo, evaluó a Coccoloba AgroEnvironmental, NOLA Academy y Litoral Vivo.

Torres exige cuentas a los demandados en su carácter oficial, personal y como parte de una sociedad de bienes gananciales.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por una reacción de Roig, mientras que Pedraza González no contestó llamadas ni mensajes de texto a su celular.

“Surge que los demandados convirtieron, sin el conocimiento ni la autorización de la parte demandante, un correo electrónico mediante el cual Coccoloba AgroEnvironmental declinó cortésmente participar en un proceso de solicitud de propuestas por invitación del Departamento de la Familia, por conducto de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), financiado con fondos del TANF, en una supuesta ‘propuesta’, que luego evaluaron, puntuaron, rechazaron y, finalmente, exhibieron públicamente ante el Senado y ante la prensa del país como la propuesta deficiente de una licitadora, en medio de una investigación legislativa, estatal y federal sobre el manejo de fondos del TANF”, lee la demanda, de 38 páginas y en poder de este medio.

Torres está representado por los abogados Nadja Cardona Portalatín y Alfredo III López Garay, del bufete López & Cardona. El pasado lunes, Cardona Portalatín acompañó a Torres a la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS-OIG, en inglés), en Hato Rey, que investiga posibles irregularidades en el manejo de los fondos del TANF.

Ante la HHS-OIG, también acudió Blanca Medina Díaz, exjefa de la Adsef y quien primero reveló que, supuestamente, era presionada y hostigada por Roig para que evaluara la propuesta de NOLA Academy para ofrecer servicios educativos a través de su programa Star Academy. Alega, además, que Roig repitió el patrón, pero para favorecer a la empresa Strategic Technology Advisors, que había presentado, al menos, dos propuestas para crear una plataforma de adiestramiento, por más de $300,000, con fondos del TANF.

Ninguno de los dos contratos fue otorgado finalmente.

Públicamente, Torres ha dicho que declinó participar del proceso competitivo, que solo remitió un “brochure” sobre los servicios que su expresa ofrece y que exigió a Roig documentos que prueben el trámite. Coccoloba AgroEnvironmental se dedica a consultoría ambiental y manejo profesional de árboles.

En la demanda, se menciona que, pese al reclamo público de Torres, Roig insistió, ante los medios de comunicación, en que la compañía sometió “documentos”.

“El expediente que el propio Departamento de la Familia entregó a la parte demandante demuestra que Coccoloba contestó únicamente a la secretaria para indicarle que no sometería propuesta”, indica.

En cuanto a LAP Consulting Group y su comité, la demanda recoge que lo que evaluaron fue un “opúsculo publicitario” como si fuera una propuesta, asignándole 24.7 puntos sobre 100 y consignando en un informe oficial que “tres organizaciones sometieron propuestas”, describiendo a Coccoloba AgroEnvironmental como “una proponente que no presentó presupuesto, evidencia financiera ni documentación administrativa”.

La demanda se extiende, incluso, hasta las aseguradoras de LAP Consulting Group, cuyo dueño, Pedraza González, es, en su carácter personal, contratista de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, y los empleados de su compañía también son contratistas de la agencia.

Este mismo viernes, la parte demandante entregó el recurso, “a la mano”, en el Departamento de Justicia.

La demanda narra que, el 30 de diciembre de 2025, Roig envió a Torres un correo electrónico invitándole a participar del proceso competitivo, bajo el título “Invitación para someter propuesta de servicios profesionales”, para establecer un programa dirigido a estudiantes con rezago académico en 20 escuelas.

El pasado 8 de enero, abunda el recurso, Torres le contestó a Roig: “No estaremos sometiendo una propuesta como proponentes principales en esta ocasión”. Y que, “como gesto de cortesía”, le envió el “brochure”.

“La contestación de Coccoloba no contenía ninguno de los elementos que la carta de invitación exigía para una propuesta”, sostiene la demanda.

Según documentos oficiales de Familia y la Adsef, el 20 de enero, Roig adjudicó el proceso competitivo a favor de NOLA Academy, para luego, el 19 de mayo, cancelarlo. La demanda recoge que Coccoloba AgroEnvironmental fue informada, el 20 de mayo, de la cancelación.

Torres alega que todo el trámite, al igual que las expresiones de Roig en medio de una investigación senatorial, expusieron a su empresa, viéndose obligado a dar explicaciones a clientes, incluso, fuera de Puerto Rico. Reitera, en la demanda, que la secretaria “mintió” al insistir en que Coccoloba AgroEnvironmental presentó una propuesta y participó del proceso competitivo.

“Se ha visto arrastrado, sin quererlo, al centro de una controversia pública de alcance nacional, y se ha visto obligado a defender públicamente su honradez”, establece el recurso.