


Las leyes de protección tienen el propósito de velar por el bienestar de los sujetos cobijados por esos estatutos. Cuando se sospecha que existe una situación de maltrato de un menor de edad, todo ciudadano tiene el deber de hacer un referido al Departamento de la Familia para que se realice una investigación. La situación es evaluada según el nivel de riesgo que las autoridades determinen. Cuando la investigación confirma la sospecha de maltrato, se establece un plan de servicios para asegurar el mejor bienestar del menor y atender sus necesidades y las de su familia.

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