¿Por qué el gobierno de Puerto Rico premia a las corporaciones que violan las leyes y los contratos?

El domingo pasado del fin de semana largo, el gobierno de Puerto Rico anunció la aprobación, por parte de la Autoridad de Alianzas Público Privadas, del contrato de privatización de la operación de las plantas de generación de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica a beneficio de una subsidiaria de New Fortress Energy, conocida como Genera PR. El momento del anuncio parecería un intento de impedir la discusión pública sobre el asunto de tanta envergadura para el pueblo de Puerto Rico con la complicidad de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes.

New Fortress es la compañía matriz de NFEnergia (NF), que violó la ley federal de gas “natural” (NGA) al construir un terminal de importación de gas metano en la Bahía de San Juan, sin el permiso de la Comisión Federal de Reglamentación de Energía (FERC). Dicha Comisión determinó, el año pasado, que NF debió haber sometido una solicitud para determinar si procedía construir el terminal. Como consecuencia, le ordenó a NF someter la solicitud, la información y los estudios correspondientes, asunto que aún está pendiente ante FERC y se ha visto obstaculizado el proceso por las múltiples solicitudes de confidencialidad por parte de New Fortress en asuntos tan importantes como las zonas de riesgo que deberán establecerse en caso de accidentes con el gas metano, altamente explosivo. En su intento de privar al público y en especial a las comunidades cercanas como Sabana y otras que colindan con las instalaciones portuarias, NF ha solicitado que la información sobre los riesgos inherentes a su operación se mantenga confidencial.

Además, NF, que tiene contratos para suplir gas metano a la AEE para las unidades 5 y 6 de la planta de San Juan, ha incumplido con el contrato al no proveer las cantidades de gas para la operación de las plantas, obligando a la AEE comprar diésel a precios más caros. En el 2022, se exportaron aproximadamente $2 mil millones para la compra de combustibles fósiles que el pueblo paga.

Las implicaciones negativas del contrato de privatización con NF son graves y duraderas. Bajo la Ley 17 (de la autoría de los exsenadores Eduardo Bhatia y Larry Seilheimer), NF tendría que convertir las plantas de la AEE a quemar gas metano. Es decir, que, en lugar de movernos a energía renovable distribuida como sistemas solares en los techos de las residencias, negocios e instituciones en Puerto Rico, se prolongaría la operación de plantas de quema de combustibles fósiles. Y sabido es que el gas metano es un combustible fósil que genera muchos compuestos orgánicos volátiles y en su cadena de extracción, transporte y quema conlleva igual o más emisiones de dióxido de carbono que otros combustibles fósiles.

La concesión del contrato a Genera/NF le brindaría el control directo de aproximadamente 70% y control indirecto del balance de la generación eléctrica en Puerto Rico a una conglomeración que se ha caracterizado por el incumplimiento de leyes y contratos en detrimento del servicio y la tarifa eléctrica.

Hay que preguntarse por qué la administración de Pedro Pierluisi hace concesiones como el recién anunciado contrato de Genera/New Fortress y los múltiples contratos que le ha concedido a la Corporación AES. Como sabemos, AES ha regado sus cenizas tóxicas en 14 municipios, ha contaminado el Acuífero de Sur, el cual se niega limpiar y ahora pretende construir instalaciones solares a escala industrial en los mejores terrenos agrícolas de Puerto Rico.

¿El gobierno central y los presidentes de la legislatura están trabajando por el interés público? El pueblo aún está a tiempo para impedir otro desastre de privatización e insistir en las soluciones y el desarrollo de un sistema eléctrico que le brinde viabilidad a Puerto Rico a través de la energía solar distribuida en o cerca de estructuras existentes.

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