Gerardo A. Carlo-Altieri
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El resultado de la mediación bajo Promesa

El tribunal creado bajo el “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act” (Promesa) celebró una vista el miércoles 4 de marzo en medio de controversias sobre un Plan de Ajuste de Deuda enmendado (POA, por sus siglas en inglés) para el gobierno central de Puerto Rico, radicado por la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico (JSF) el 28 de febrero de 2020.

El POA propone restructurar $35,000 millones en bonos y reclamaciones del Estado Libre Asociado, Edificios Públicos y Sistemas de Retiro, con el apoyo de más de $10,500 millones en valor de bonos (58% de la deuda) del gobierno y la Administración de Edificios Públicos.

La deuda se recorta de $35,000 a $11,000 millones con repago de $1,500 millones anuales por veinte años, lo cual representa la ventaja más significativa del POA. Sin embargo, el POA no tiene respaldo de la Legislatura ni del Ejecutivo local.

Martin Bienenstock, el principal abogado de la JSF, explicó en la vista del miércoles que se han radicado más de 173,000 reclamaciones contra el gobierno y agencias que se dilucidarán en parte por negociación.

Además, la JSF espera que la participación de acreedores a favor del POA aumente y que sus discusiones con las ramas ejecutiva y legislativa para solicitar sus respaldos al POA produzcan resultados.

En la vista, la jueza Barbara Hauser, quien preside el Comité de Mediación (CM) organizado por el tribunal, recomendó la imposición de un calendario estricto y acelerado para la aprobación del POA en noviembre de 2020, recomendación objetada por algunos acreedores y por varias compañías aseguradoras de la deuda de Puerto Rico.

La jueza explicó que la vista no era para considerar la sostenibilidad de la deuda, o para decidir si el proceso de mediación está viciado por su confidencialidad y por excluir a grupos de acreedores disidentes, sino para establecer el procedimiento y calendario para considerar la aprobación o denegación del POA.

Al final, la jueza Laura Taylor Swain, que preside el tribunal creado bajo Promesa, aprobó en gran parte las recomendaciones del CM y anunció que la vista de confirmación del POA comenzaría en octubre de 2020, antes de las elecciones generales locales, y que permitiría descubrimiento de prueba y objeciones al POA.

Lo anterior indica que el proceso de mediación impuesto por el tribunal ha logrado transar gran parte de la deuda, aun cuando se trata de grupos de acreedores con intereses diametralmente opuestos, aunque falta la aprobación de la Legislatura, del Ejecutivo y de las compañías aseguradoras.

La jueza Hauser finalizó mencionando que su comité se componía de mediadores, “pero que no eran magos”, y que el tribunal tendría que decidir las controversias legales pendientes (bonos de la Autoridad de Carreteras, el asunto de la cláusula de retención y los bonos de retirados), antes depoderse aprobar judicialmente un POA.

Falta ver si la JSF puede imponer unilateralmente un plan que requiere legislación para aprobar la emisión de bonos, sin contar con los políticos locales, basado en la Sección 4 de Promesa (Cláusula de Supremacía) que indica que las disposiciones de Promesa prevalecerán sobre leyes territoriales incompatibles y la Sección 312 de Promesa, que establece el poder exclusivo de la JSF para presentar un plan de ajuste.

Y el tribunal tendría que determinar si las secciones 303 y 305 de Promesa, que protegen el derecho del gobierno local para disfrutar y disponer de sus activos y recaudos, confligen con la aprobación de un plan de ajuste de deuda impuesto por la JSF, sin la anuencia del propio deudor.

Lo anterior confirma que todo caso de resolución de insolvencia gubernamental contiene un elemento de política local partidista intrínseca y que los conflictos socioeconómicos presentes en una reorganización de deuda de la magnitud y complejidad que enfrenta Puerto Rico no se resuelven solo con litigios.


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