Una revisión de los eventos más sobresalientes ocurridos durante el año 2019 en los casos bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica (Promesa) debe comenzar por el proceso conflictivo de aprobación del Plan Fiscal y el presupuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Aunque la JSF trató de conseguir la cooperación del gobierno, terminó imponiendo unilateralmente sus certificaciones, que han sido criticadas por contener estimados de crecimiento irreales, fondos federales inseguros y modelos económicos inexplicados.   

Tampoco estuvieron disponibles los estados auditados ni se consideraron todos los efectos de la austeridad, las transferencias a los municipios y el pago de pensiones.

Los casos pendientes en 2019 ante el Tribunal Supremo Federal incluyen la apelación de Aurelius Capital, cuestionando los nombramientos de los miembros de la JSF en violación a la cláusula de nombramientos, la apelación en Assured Guaranty sobre el pago de bonos garantizados y la reclamación de Ambac, que trata con la conversión al Fondo General de arbitrios sobre el petróleo en bonos de la Autoridad de Carreteras.  

La aprobación en enero de 2019 del Plan de Ajuste de Cofina reestructuró $17,500 millones en deuda con un recorte de 33% (reciben 53.65% del 5.5% del IVU) en un intercambio de bonos con repago anual escalonado de $783 millones (2019) hasta $1,850 millones (2041), obteniendo el ELA un 46.35% del IVU ($362 millones en 2019).

El Plan de Ajuste de Deudas del ELA presentado en 2019, propone recortar un 33% en la deuda, reduciendo el pago anual de $4,000 millones actual a $1,500 millones fijo,

y contrario al Plan de Ajuste de Cofina, no permite bonos de apreciación de capital.

Sin embargo, el Plan puede resultar insostenible al depender de crecimiento económico constante y de fondos federales inseguros y tampoco favorece a los acreedores no asegurados, que reciben sólo el 1.8% de sus reclamaciones.

Además, su viabilidad está en duda, ya que las pensiones ($2,000 millones) salen del Fondo General - que unido al repago de la deuda ($1,500 millones) - compromete $3,500 millones anuales o alrededor de 30% de las recaudaciones.

En comparacion, el Plan de Ajuste del BGF aprobado en noviembre de 2018 obtuvo un recorte de 40%, aunque no impuso responsabilidad a instituciones envueltas en el descalabro fiscal del Banco ni atendió los préstamos dudosos y la posible responsabilidad fiduciaria de oficiales y directores.

En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se radicó un preacuerdo de reestructuración de la deuda de $10,194 millones (RSA – AEE) que reduce la misma a $7,218 millones a base de una nueva emisión de Bonos garantizados pagando un 67.5%.  

El escollo principal al RSA es que requiere aumentar tarifas por 2.768 kc (2021) - hasta 4.552 kc (2043), que representa aumentos entre 28% y 50%, no aceptables en años eleccionarios.

En 2019, la JSF radicó también varias acciones de recobro contra bonistas, suplidores del gobierno y terceros solicitando invalidar gravámenes y prioridad de bonos, invalidar bonos emitidos en 2012 y 2014 por exceder el límite de 15% y demandas contra instituciones financieras por fraude.

Finalmente, el Comité de Mediación recomendó la continuación de estos casos por no existir posibilidad de acuerdos.  

El año 2019 resultó sumamente activo en los casos bajo Promesa debido a que la JSF necesitó tomar acciones agresivas para responder a las críticas del Congreso y por la pérdida de respaldo público y gubernamental local, además de evitar la prescripción de las acciones de recobro.  

Sin embargo, la JSF es una institución híbrida (política y técnica) y como han puntualizado economistas locales, su fase técnica y profesional tan valiosa ha sufrido enormemente, al tener que producir resultados para satisfacer su lado político.

Lo requerido en este momento crítico es un Plan enmendado de Ajuste para el ELA que resulte sostenible, la transacción de los litigios y un acuerdo sobre la deuda de la AEE que no requiera aumentos tarifarios draconianos.