Nuestro pueblo ha vivido bajo un toque de queda, por más de 10 semanas, que limita significativamente su libre movimiento y ha exigido el cierre de miles de nuestros negocios y lugares de empleo. Es indiscutible que en su origen esto ayudó a detener la propagación del COVID-19 en Puerto Rico. 

La pregunta es si se justifica el toque de queda y el cierre al día de hoy. Fui de los primeros que elogié la decisión inicial de establecer el toque de queda y clausurar gran parte de la actividad gubernamental, comercial y social en Puerto Rico. Sin embargo, si bien la gran mayoría de nuestra gente dio cátedra al permanecer en sus hogares, el gobierno fracasó a la hora de hacer suficientes pruebas y tener un sistema de rastreo adecuado. Sin la requerida data científica para determinar el impacto del virus en Puerto Rico, nuestro gobierno ha estado dando palos a ciegas.

Tomando los únicos datos confiables que hay, que son el número de personas hospitalizadas, en unidades de cuidado intensivo o en uso de ventiladores, y fallecimientos por el virus, y comparándolos con los de los estados y países extranjeros, no hay forma de justificar el toque de queda actual.  

El daño a la economía es claro y descansar en que los fondos federales vendrán a nuestro rescate es una estrategia fallida. La gran mayoría de los países han reconocido que esta lucha se tiene que dar en dos frentes, el salubrista y el económico. 

Soy consciente de que aún la pandemia del COVID-19 presenta riesgos y que cada ciudadano de Puerto Rico tiene que ser responsable con su salud, la de sus seres queridos y la de sus conciudadanos. Asimismo, todo establecimiento que vaya a abrir tiene que ofrecer la debida protección a sus empleados y clientes. Y hay que continuar exhortando a las personas mayores o las que tienen condiciones médicas que ponen en riesgo su salud, a limitar sus salidas al mínimo posible.

Ahora bien, hay múltiples requerimientos en la nueva Orden Ejecutiva que parecen arbitrarios, pueden causar el fracaso de miles de comercios o pueden ser imposibles de cumplir. Es mucha la confusión que ha causado y el pueblo necesita claridad.

En primer lugar, el toque de queda debe extenderse hasta las 10 PM todos los días. El horario actual no aporta a controlar la pandemia, pues los comercios están más atestados de clientes. Lo que hay que evitar es la aglomeración de gente en altas horas de la noche. Las personas deben poder hacer diligencias e ir a cenar fuera de sus hogares luego de horas laborables. Y no hace sentido mantener a Puerto Rico cerrado los domingos, provocando que los sábados y los lunes haya aglutinamiento innecesario de clientes en los comercios. 

Los comercios deben ser quienes establezcan sus propios horarios, dentro de las limitaciones del toque de queda. Por ejemplo, una ferretería debe poder abrir temprano para servir a contratistas al comienzo del día de trabajo. Asimismo, otros establecimientos que sirven a clientes que trabajan, como barberías, deberían poder abrir temprano o hasta tarde para atender a más clientes por cita.  

Por otro lado, limitar a 25% de capacidad el uso de los salones comedor de restaurantes es demasiado oneroso, en particular para cafeterías y restaurantes pequeños. El límite debe ser 50% o debe ser calculado a base de los seis pies de distancia requeridos, como ha ocurrido en la reapertura en múltiples otras jurisdicciones. Es contradictorio comenzar a abrir la economía para crear un ambiente productivo mientras se limita irrazonablemente las horas en las que la ciudadanía puede acudir a los comercios.

La utilización de áreas recreativas y las actividades al aire libre tienen un beneficio innegable para la salud mental y física de la ciudadanía. Por consiguiente, los espacios y parques públicos deben estar abiertos, asegurando que toda persona cumpla con el requerido distanciamiento social.  

Además, es imperativo que el gobierno provea todos sus servicios, tomando las debidas medidas para proteger a su personal.  Áreas como los permisos y las renovaciones de licencias son esenciales. La obra pública no debió haberse paralizado. En la mayoría de las oficinas de gobierno puede ser sencillo controlar la atención al público, por cita o en filas organizadas como se hace en los supermercados. Las renovaciones de licencias de todo tipo tienen que comenzar a darse ya, para que más adelante no tengamos una crisis como la que hemos visto en el Departamento del Trabajo con los fondos del desempleo.

Las decisiones gubernamentales deben velar por los mejores intereses del pueblo. Lo que hay que hacer es continuar ofreciendo asistencia a nuestro pueblo para que pueda protegerse y aprender a vivir ante la continua existencia del virus, sin restringir indebidamente sus derechos y libertades, y logrando echar a Puerto Rico hacia adelante.