“En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano, básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos” (Punto #28, La cuestión del Agua Primera Gran Carta Encíclica del Papa Francisco).

El terremoto que sacudió la región sur el sábado, con una magnitud de 5.4 grados, vuelve a poner en agenda la reconstrucción de Puerto Rico.

En Puerto Rico es común contar con la “crisis” como el líder que establece las pautas y agenda a ejecutar. Esperamos a que toque nuestras puertas para entonces poner en vigor análisis y planes estratégicos. En estos tiempos, en los que el planeta Tierra pasa factura sobre los atropellos ambientales pasados, este modelo no es factible.

Como ha quedado claro, una crisis no disipa los problemas que traen las otras, sino que se acumulan y siguen latentes, haciendo la respuesta ante nuevos retos una casi imposible. Por lo tanto, lo responsable es asignar fondos disponibles para la reconstrucción a proyectos diseñados con un análisis completo para el desarrollo de una infraestructura resiliente.

De la misma manera que son meritorios los task forces para el manejo de la pandemia y la economía, se deben establecer grupos de trabajo dirigidos a la ejecución de proyectos de infraestructura. Estos esfuerzos deben atenderse con sentido de urgencia, teniendo en mente a las familias que confrontan riesgos diarios a causa de la inacción y la falta de inversión en infraestructura critica para el país.

Al enfocarnos en el desarrollo de infraestructura inteligente no solo mitigamos el impacto de eventos catastróficos, sino que contribuimos a solucionar dos de los problemas que enfrentamos estos días en cuarentena: la necesidad de prevenir contagios y de desarrollar empleos para mover la economía.

Las agencias del gobierno central, municipios y entidades sin fines de lucro sometieron el pasado 30 de agosto una lista de proyectos de infraestructura prioritarios para la consideración de la Administración Federal para el Manejo de Emergencias. Los mismos están bajo la evaluación de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico.

Ante la pandemia, necesitamos contar con infraestructura que nos provea agua potable segura para el consumo y prevención del contagio. Esto solo es viable al emplear métodos convencionales de tratamiento de agua que utilizan filtración y desinfección para remover o inactivar el COVID-19, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Agencia federal de Protección Ambiental al declarar la pandemia.

La infraestructura y los protocolos diarios para cumplir con los estándares de calidad de manera responsable son costosos y requieren personal diestro. Si tanto la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), como los operadores del 10% de plantas de aguas potables independientes, no cumplen con estos procesos de purificación, el agua podría representar una amenaza para la salud humana.

Para contar con infraestructura que salvaguarde nuestra salud, debemos exigir invertir en proyectos de infraestructura del agua ya conceptualizados,y agilidad para eliminar ineficiencias en la AAA que provocan la pérdida del 42% de agua potable por averías en sus líneas.

Con la aprobación y adjudicación de fondos para proyectos de infraestructura de agua retomaríamos la agenda de la reconstrucción con el pie derecho; atendemos las amenazas diarias, movemos la recuperación económica hacia adelante y aseguramos salud y un servicio digno a las familias puertorriqueñas. A los líderes de gobierno interesados en retomar esta agenda, tomen nota para que sus propuestas de política pública no se interpongan en la autodeterminación de un país de salir adelante.