Javier Rúa Jovet,Ashvin Dayal y Roy Torbert

Ex director de Política Pública de Sunrun; Vice Presidente Senior de Energía, The Rockefeller Foundation, Principal, Rocky Mountain Institute

Los puertorriqueños enfrentan nuevas y recurrentes amenazas a la salud, seguridad, y la economía, incluyendo las que se derivan de la propagación del COVID-19. La mortal pandemia ha traído una disrupción económica generalizada, mientras el sistema de salud continúa recobrándose.

Muchos en Puerto Rico carecen de un hogar o un lugar seguro debido a los constantes terremotos, particularmente el de 5.4 grados de magnitud, que sacudió la isla a principios de año, destruyendo edificios y nuevamente interrumpiendo el servicio eléctrico. Con temperaturas elevadas en el Atlántico y el inicio de la temporada de huracanes, el impacto potencial de desastres combinados produce gran ansiedad entre la gente.

Puerto Rico, de forma correcta, actuó rápidamente para restringir la movilidad pública en respuesta al COVID-19, manteniendo la continuidad en la manufactura de equipo médico esencial y acelerando la entrega de asistencia a individuos vulnerables. Con numerosas vacunas, medicinas y equipo médico esencial producido en la isla, los puertorriqueños son parte importante de la respuesta estadounidense a la pandemia. Organizaciones sin fines de lucro y empresas han encontrado maneras de apoyar a los desempleados y proteger la seguridad pública. El espíritu de comunidad necesario para responder a estas amenazas se encuentra en cada rincón que uno mira.

Sin embargo, responder a estos desastres naturales y reactivar la economía requerirá de una red eléctrica efectiva, eficiente y resiliente. Durante los períodos de cierre y toque de queda, la energía eléctrica se torna imprescindible para mantener las luces encendidas en negocios esenciales, el equipo médico funcionando en hospitales y las familias conectadas para trabajar y estudiar desde casa. Pero, ha sido muy limitado el progreso para fortalecer la red eléctrica tras el huracán María.

La generación eléctrica sigue dependiendo de combustibles fósiles, los precios de electricidad continúan volátiles y los puertorriqueños siguen experimentado apagones persistentes, a pesar del alto precio que pagan por el servicio eléctrico.

A eso, se suma que decisiones recientes pudieran traer nuevos riesgos, incluyendo la oportunidad para alcanzar resiliencia real. En el 2019 Puerto Rico inició un proceso de planificación integrada de recursos energéticos para encaminarnos hacia la red eléctrica mejorada del futuro. Pero, sin esperar la conclusión del proceso, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se ha movido para acelerar inversiones en generación a base de gas (metano), particularmente un proyecto en San Juan y 12 nuevos proyectos de “emergencia” en varias localidades a través de la isla, (estos últimos fueron suspendidos recientemente por la AEE). La AEE sostiene que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) financiará estos proyectos de gasificación, pero serán los consumidores quienes tendrán que pagar esa factura si el apoyo de FEMA no se materializa.

Los análisis de la propia AEE, demuestran que las inversiones en energía renovable combinadas con baterías pueden mejorar la resiliencia del sistema. A diferencia de las plantas de gas, las microrredes de energía solar y baterías no dependen del suministro continuo de combustible, el cual puede interrumpirse significativamente durante un huracán o un terremoto. El plan integrado de recursos (PIR) de AEE concluye que la energía renovable y la eficiencia energética son las opciones más económicas. En las recomendaciones del PIR para el escenario de “Modernización del Sistema de Energía”, los costos de la generación de la carga base están proyectados a reducirse más de un 5% entre 2019 y 2025 “principalmente debido a el retiro de plantas generadoras antiguas y a la adición de sistemas de energía solar y de almacenamiento de energía”.

Si la AEE ha optado por no proseguir con algunas de sus propuestas de generación a base de gas, entonces, es responsabilidad del Negociado de Energía escribir esa decisión en piedra. Si alguno de estos proyectos de gas proceden, serán las comunidades quienes deberán de asimilar el costo financiero y ambiental y quienes perderán la oportunidad de adoptar electricidad confiable y resiliente. La decisión es clara: Puerto Rico debe impulsar la energía solar, las baterías y la eficiencia energética para rápidamente crear empleos y encaminar una red más resiliente, y menos dependiente de cadenas de suministros del exterior.

El camino no es solamente lógico: es la ley en Puerto Rico. La Ley 57-2014, según enmendada por la muy avanzada y bipartidista Ley 17 de 2019, requiere que el Negociado de Energía apruebe el PIR propuesto por AEE dentro del marco de la ley y del interés público, considerando “todos los recursos razonables para satisfacer la demanda de los servicios eléctricos […] incluyendo […] eficiencia energética, respuesta a la demanda […] y la generación distribuida por parte del cliente industrial, comercial o residencial”.

El Negociado debe asegurarse de que los estudios de impacto ambiental sobre emisiones y cambio climático, así como la integración rápida de generación distribuida y proyectos de energía renovable se consideren e implementen según estipula la Ley 17 de 2019. De hecho, la legislación establece que “[…]Ningún contrato para el establecimiento de nuevas plantas de generación podrá constituir un impedimento para el cumplimiento con la cartera de energía renovable y la integración de generación distribuida, microrredes o cooperativas de energía. Los contratos de compra de energía se otorgarán considerando las metas y mandatos establecidos en la Cartera de Energía Renovable, que obligan a una transición de la generación de energía anclada en combustibles fósiles, a la integración agresiva de energía renovable […]”.

El Negociado de Energía está listo para emitir su resolución final del PIR y hay cierto nivel de optimismo en la comunidad de que un instrumento de carácter vinculante será adoptado para guiar a Puerto Rico en la senda energética correcta a corto y largo plazo. Esta resolución final de PIR puede y debe ayudar a liberar a Puerto Rico de su adicción autodestructiva a los combustibles fósiles y hacia un futuro de energía renovable local, y resiliente con almacenamiento. Acelerar el futuro de energía limpia, priorizando la planificación apropiada y las inversiones de estímulo, tiene que ser la prioridad.

Para alcanzar resiliencia real, la AEE debe incrementar el apoyo a microrredes comunitarias de energía solar y baterías, las cuales pueden producirle ahorros a sus miembros, ayudar a la red pública, y proveer energía de respaldo, todo esto de forma simultánea. Exhortamos al liderato de Puerto Rico a actuar ahora, conforme al PIR, el cual demuestra cómo las inversiones en gas contradicen la política pública vigente , impactan la calidad ambiental y son demasiado caras para los puertorriqueños. El camino es la creación de una nueva economía renovable generando nuevos empleos verdes; la recuperación económica post COVID-19, cimentada sobre la instalacion de la red resiliente del futuro.