La Junta de Supervisión Fiscal acaba de sufrir otro revés; y esta vez no de parte de un tribunal federal, sino de la ciudadanía puertorriqueña. La Encuesta de El Nuevo Día revela que la proporción de la población que está en contra de la Junta sigue creciendo, y ya alcanza el 58%. También se sostiene la nota de “regular, mala o muy mala” que la mayoría de los encuestados les dan a las dos figuras que encabezan la entidad: su presidente y su directora ejecutiva.

Estos resultados, unidos a la incertidumbre que rodea el estatus de los siete miembros actuales de la Junta y las dudas sobre los logros parciales que han tenido en los pasados dos años y medio, indican que ya ha llegado el momento de redirigir el proceso de Promesa. El proyecto ha dejado de ser efectivo (sin en algún momento lo llegó a ser) y corre el riesgo de dejar de ser pertinente.

Ya en una encuesta anterior, el público había dejado sentir su preocupación por el balance desfavorable de costos y beneficios que veían en las acciones de la Junta. La gente no percibía un cambio de rumbo en la crisis económica que justificara los sacrificios que se le exigían al país. Esa percepción ha crecido desde entonces.

Los miembros de la Junta son responsables en gran medida por el deterioro de su imagen como grupo, porque han cometido errores que debilitaron su credibilidad. Uno de ellos fue el empeño en provocar la derogación de la Ley 80, atribuyéndole a esta propuesta una centralidad exagerada en el programa de reformas económicas. El debate de la Ley 80 terminó siendo una distracción que obstaculizó el avance en otras direcciones más urgentes, como la facilitación de la creación y operación de empresas en la Isla, y el establecimiento de reglas claras, transparentes y efectivas para el manejo del gasto público.

Otro error notable fue diseñar y publicar, meses después del huracán María, una versión revisada del plan fiscal de cinco años que contenía supuestos y proyecciones demasiado optimistas sobre la economía. En la medida en que el acuerdo con los bonistas de Cofina se apoyó en esos supuestos y proyecciones, el optimismo del plan fiscal pone en entredicho la sostenibilidad de lo acordado con los acreedores.

Para muchos es tentador aprovechar estas circunstancias para proponer la derogación de Promesa. Sin embargo, hay que recordar que esta ley proveyó un marco legal para la renegociación de la deuda, y que muchos puertorriqueños desean que haya algún tipo de disciplina externa que garantice la estabilidad futura de las finanzas públicas y una economía local más sana y vigorosa. Pero esa autoridad externa tiene que ser efectiva y debe ser capaz de ganarse la confianza de la población. La encuesta dice que está ocurriendo lo contrario.

Los miembros actuales de la Junta cumplen su término dentro de unos meses, y aunque el Presidente Donald Trump ha dicho que los va a nominar próximamente, el nombramiento no necesariamente se extendería más allá de la duración inicialmente prevista; es decir, más allá de agosto. Por otro lado, líderes demócratas del Congreso han dicho que están dispuestos a considerar cambios en la ley Promesa.

Debe aprovecharse este momento de transición en la composición de la Junta para reencauzar el proceso completo, esclareciendo las líneas de autoridad de la entidad y precisando mejor su mandato. Sería útil establecer metas más claras para la política económica, como, por ejemplo, dar un plazo para el logro de un presupuesto balanceado y exigir un análisis de sostenibilidad de deuda antes de finalizar acuerdos adicionales con los acreedores.