El 23 de diciembre de 2019 denunciamos en El Nuevo Día algunas de las barreras que atraviesan muchas personas en Puerto Rico en el proceso de recuperación a dos años del huracán María. En esta ocasión, y ante los eventos sísmicos ocurridos desde el 28 de diciembre de 2019, la Clínica Legal-Psicológica mantiene su reclamo respecto al manejo de los procesos de emergencia y recuperación por parte del Estado, principalmente para comunidades abandonadas como lo es San Isidro en Canóvanas. 

La comunidad no está ubicada en uno de los pueblos directamente afectados por los temblores. Sin embargo, hasta el día de hoy no han recibido una visita del municipio de Canóvanas para identificar necesidades de cara a un posible suceso o para recibir información sobre cómo prepararse frente a fenómenos como éste. Tampoco se han discutido los planes de desalojo, siendo esta una comunidad ubicada cerca de la costa y, parte de ella, dentro de la zona de tsunami, en zona inundable. 

Además de la ubicación geográfica, que les coloca en una posición crítica para enfrentar cualquier fenómeno natural, existe una preocupación por parte de lxs residentes debido a que la mayoría de sus viviendas están construidas mayormente con materiales como madera y zinc y las que se han construido en cemento no necesariamente cumplen con los parámetros requeridos. 

Lxs residentes de esta comunidad llevan años luchando porque se les reconozcan derechos fundamentales, como lo son el derecho a una vivienda digna, ya que no cuentan con planes concretos y aprobados de mitigación que puedan solucionar su problema principal, las inundaciones. La protección de la vida y la dignidad humana también se ven afectados dado a que las condiciones de la comunidad han sido las mismas desde hace más de 30 años. 

El derecho de acceso a la información también se les ha violentado, tanto por no ofrecer información en situaciones como la que vivimos actualmente, como evitar que se les dé información oficial sobre programas de recuperación como lo fue el programa de Autorización de Títulos, uno de los incluidos dentro del uso de los fondos CDBG-DR. 

Ha sido demasiado el tiempo que estas personas han estado enfrentando las barreras tanto del gobierno municipal, como el estatal y el federal, teniendo todos un nivel de responsabilidad con la vida de estos residentes. Exigimos que el gobierno municipal y estatal provean los planes tanto de emergencia, de desalojo como de reubicación y oriente a lxs residentes, de esta forma evitamos que se pierdan más vidas, como ya ocurrió con el huracán María.

Colaboraron en esta nota Patricia Noboa y Gabriela Camacho