
Opinión
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La situación que impera en las instituciones juveniles en Puerto Rico genera gran preocupación y es imperioso que el gobierno responda a las órdenes recién emitidas por el Tribunal Federal en San Juan con remedios que garanticen los derechos civiles de los menores bajo su custodia, en particular su seguridad. Las expresiones del juez Francisco Besosa son contundentes.
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