Kenneth McClintock
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Frankly, my Dear Attorney General, I Don’t Give a Damn!

La carta del Departamento de Justicia de nuestro país, en que se rechaza avalar el plebiscito ordenado por la Ley 51-2020 aprobada por la Asamblea Legislativa y firmada por la gobernadora Wanda Vázquez, me importa un bledo por varias razones.

Primero, como parte de la administración de un presidente que dijo hace unos años que se oponía a la estadidad a menos que produjera dos senadores republicanos, era de esperarse que su Departamento de Justicia, cuyo secretario original, Jeff Sessions, fue reemplazado porque rehusó ser un “sastre jurídico” del presidente, no avalara el plebiscito del 3 de noviembre.

Segundo, el Departamento de Justicia tuvo que agarrarse de “clavos calientes” para justificar su negativa a favorecer que los puertorriqueños se puedan expresar. Por ejemplo, reclamaron que el Congreso sí avaló los referéndums previos a la admisión de Alaska y Hawái, ocultando que casi toda ley de admisión provee para referéndums de ratificación de lo aprobado, y que nuestro voto el 3 de noviembre no es un referéndum ratificatorio. El proceso de estadidad de Alaska y Hawái, al igual que el de la mayoría de los territorios, comenzó con referéndums sin aval del Congreso.

Tercero, porque los sastres jurídicos de Trump omitían hechos para no aceptar resultados plebiscitarios concretos. Por ejemplo, se negaron a aceptar resultados del plebiscito del 2012 debido a los boicots, ignorando que en la primera pregunta a la cual el pueblo de Puerto Rico le retiró el consentimiento al status territorial actual no hubo boicot y el territorio perdió por margen de 46 a 54%, una derrota de 8%. Le pasaron por encima al principio democrático de que en un evento electoral cuentan solo quienes participan.

Siempre he señalado que ningún territorio estadounidense le pidió permiso al Congreso para votar por el status, jamás obtuvo aval alguno, jamás procuró ni recibió financiamiento para una votación. Si buscamos la admisión, incluye ajustarse a los procedimientos universales de pedirla.

El Departamento de Justicia expresó en su carta que las únicas alternativas son “la estadidad, el status territorial actual y la independencia (incluyendo la libre asociación)”, como lo fueron para Alaska y Hawái. Aun teniendo esas alternativas, los referéndums en los estados de más reciente admisión plantearon la pregunta “Estadidad Sí o No”, como propondrá la papeleta en noviembre. Rechazar esa pregunta para Puerto Rico equivale a imputarle un defecto procesal en la admisión de decenas de estados admitidos a la Unión. Sin embargo, ¿qué puede esperarse de sastres que creen que su presidente puede hasta ordenar la posposición de las elecciones presidenciales?

El fallecido congresista pro-estadidad John Lewis cruzó el puente Edmund Pettit sin pedirle permiso a Justicia. El futuro congresista pro-estadidad en el Bronx Ritchie Torres tampoco le pidió permiso a Justicia. Territorios anteriores cruzaron sus puentes a la admisión sin pedir permiso a Justicia. ¿Por qué tiene que hacerlo Puerto Rico?

Puerto Rico se encamina a cruzar su puente hacia la admisión el 3 de noviembre sin importarle un bledo los sastres jurídicos de Trump, sastres que ya no serán respetados por la nueva Casa Blanca, el Senado ni la Cámara del 2021 en adelante.

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