El verano de 2019 además de significar el momento de las movilizaciones colectivas más grande en la historia de Puerto Rico, también significó la unión de diversos sectores en un reclamo en consenso: destituir al gobernante electo que había traicionado y humillado la dignidad del pueblo. Los arrestos de funcionarios cercanos de su gabinete y definitivamente, la divulgación de las comunicaciones del Sr. Rosselló y sus secuaces, hacen estallar la rabia acumulada después de años de precarización y embates por las medidas de austeridad impuestas y por el abandono, las muertes, el hambre y la necesidad que sucedieron a los huracanes Irma y María. 

Las políticas de desprecio del gobierno de Rosselló provocan que sean ellos, los gobernantes, percibidos por nosotras, las gobernadas, como una claque aparte masculina, blanca y adinerada, ajena a nuestra realidad. Se ganan ellos el coraje, pierden legitimidad. El mecanismo que seleccionó la gente para destituir al gobernador fue la exigencia de renuncia, participación directa, sin procesos legales, sin espera. La legislatura comienza a actuar porque, las gentes en protesta permanente exigen la renuncia, sin mecanismo, sin procesos, lo que implica de por sí un cuestionamiento a la función representativa de los “elegidos” por el pueblo. 

Por lo tanto, me resulta claro que la gente no quería intermediarios. La acción política, que por lo general se limita a la participación electoral cada cuatro años, esta vez se manifestaba directa y físicamente en las calles. Se le hizo frente a la brutalidad y violencia de la policía, literalmente devolviendo los gases y los insultos. Se le hizo frente y sin miedo a las violencias del estado no solo a las de la policía, sino a las violencias que excluyen a las gentes de las decisiones, que burlan la dignidad humana y que nos empobrecen.

La forma de acción política directa sigue manifestándose como práctica. En las pasadas semanas hemos visto varias instancias de conversación y exigencia directa a la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Los sindicatos, las organizaciones magisteriales, organizaciones feministas, todas llevaron su reclamo directo. Más allá del reunionismo como estrategia de imagen de la gobernadora, esta práctica representa también el reclamo directo al gobierno. Lo que se manifiesta también en las Asambleas de Pueblo que vienen reuniéndose alrededor de todo el país y en donde se discuten colectivamente asuntos de importancia política, social y ambiental.

Este cambio en la forma de accionar político debe ser reconocido por la gobernadora, su staff y los demás representantes del gobierno. No basta ya con discursos huecos, reuniones o comunicados de prensa. No basta que anuncie que está en alerta por la violencia, es necesario que emita directrices mediante orden ejecutiva y que implemente la educación con perspectiva de género. No basta que anuncie que escucha los reclamos de las trabajadoras de la educación, es necesario que proteja la educación pública y detenga el cierre de escuelas. Es necesaria la reacción concreta que demuestre que este gobierno reconoce y responde a nuestros reclamos. La democracia representativa está en jaque por un pueblo que va de frente y sin miedo.