A casi un mes del paso de la catástrofe provocada por el huracán María, Puerto Rico parece estar atascado en el caos social y económico.  La mejoría aún no nos ha acercado a un nivel mínimo de normalidad, que le de tranquilidad a la población.

Todavía el 85% de los abonados comerciales y residenciales, no tienen energía, y solo el 50% tiene el servicio de agua potable. Las telecomunicaciones aún no están completamente estabilizadas y la cadena de abastos de los supermercados opera bajo mucha presión. Seguimos operando en modo de supervivencia, con un gran estado de incertidumbre.

A pesar de apoyo de las fuerzas armadas y de la Agencia para el Manejo de Emergencias (FEMA), la dimensión del desastre parece exceder la capacidad de respuesta del gobierno local y federal.

Se puede estipular, que nadie jamás pensó que Puerto Rico sería impactado por un huracán de tanto poder destructivo. Tampoco, jamás pensamos, que justo cuando el gobierno estuviese en la quiebra, seríamos sorprendidos en el actual estado de vulnerabilidad e indefensión.

Según pasa el tiempo, comienzan a cobrar más fuerza las discusiones en torno a las alternativas para financiar el largo y complejo proceso de reconstrucción económica. A pesar del planteamiento del Gobernador, Ricardo Rosselló de que el Congreso legisle un paquete de rescate multimillonario, aún no hay una postura clara sobre ese pedido.

En los pasados días la Cámara Federal, aprobó una legislación para habilitar los primeros $36,000 millones para poder sufragar los gastos de FEMA y otros programas de apoyo a Puerto Rico, Texas y Florida.  La medida aprobada, incluye un programa de préstamo para que el gobierno local acceda a liquidez en el corto plazo. 

Sin embargo, mis estimados preliminares es que la Isla necesitará al menos $60,000 millones para financiar la reconstrucción. Pese a los reclamos de ayuda del gobernador, de la Junta de Supervisión Fiscal, y la presión de otras figuras de gran influencia nacional, el presidente Donald Trump y el liderato republicano no ha asumido una postura clara para proveer todo el dinero que necesita Puerto Rico.  El propio Trump manifestó a través de las redes sociales que no visualizaba a FEMA y al Departamento de Defensa por mucho tiempo en la isla, ejerciendo las labores de recuperación de la Isla. Altos líderes como el Speaker Paul Ryan y el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, se hicieron eco de las expresiones del presidente.

Así las cosas, me parece que llegó el momento de comenzar a articular un Plan B que no descanse únicamente en la benevolencia y generosidad del gobierno federal. Desde la perspectiva insular, todos los argumentos pueden tener toda la validez posible, desde que somos ciudadanos norteamericanos, hasta la sangre puertorriqueña, que se ha demarrado en todas las guerras.

No obstante, nuestra crisis choca con la realidad de un Congreso, políticamentedisfuncional, y el déficit fiscal de Estados Unidos.  De hecho, el gobierno federal lleva mucho tiempo sin un presupuesto aprobado, y opera con aprobaciones parciales del gasto.  Igualmente, nuestra tragedia compite con la Houston, la de Florida, y más recientemente con la de los incendios en California.

Los $36,000 millones aprobados para financiar las operaciones de FEMA y los $4,900 millones, en préstamos para que el gobierno no se quede sin liquidez, se quedan cortos ante la monumental necesidad de dinero nuevo para rearticular a Puerto Rico.  Apostar a que los federales financiarán toda la reconstrucción de la Isla, no es realista y abre demasiados riesgos el futuro económico inmediato.

Dicho los anterior, es hora de que el gobierno local comience a desarrollar un Plan B, que descanse en los recursos locales, y la capacidad interna de todos los sectores, incluyendo el empresarial.  La actual coyuntura, nos debe obligar a salir de la histórica actitud de dependencia hacia el gobierno federal y demostrar que somos capaces de poner en práctica un plan ideado y ejecutado por nosotros mismos.

Ampliar el marco de opciones para reconstruir al país debe incluir a los acreedores con los que hoy el gobierno antagoniza en la corte dentro del proceso de quiebra habilitado por PROMESA.  La Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno, deben buscar la manera de llegar a un acuerdo con los acreedores, que permita traer la cantidad de capital que necesita la economía para salir de esta encrucijada histórica. 

La reapertura de los mercados de capital pudiera viabilizar posibles instrumentos de inversión como los “Brady Bonds” en coordinación con el Departamento del Tesoro y la comunidad financiera.  Todos los involucrados en la actual crisis, desde el gobierno local, el Congreso y los acreedores, hasta los ciudadanos más humildes les conviene, habilitar una fórmula ganadora, que sea viable y realista dentro de la gran complejidad que vivimos en estos días.