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Al cumplirse cinco años del azote del huracán María, nuestra isla enfrenta una nueva devastación, como consecuencia del paso del huracán Fiona, un fenómeno que se sintió con mayor intensidad en las zonas sureste y suroeste de la isla y que, una vez más, destapó nuestras desigualdades sociales, la crisis de nuestra infraestructura eléctrica y la urgente necesidad de proveer a nuestra ciudadanía acceso a viviendas dignas, seguras y resilientes.

Cuando aquel 20 de septiembre de 2017, los vientos huracanados de María nos apalearon con furia, un total de 780,000 familias experimentaron la dura realidad de sufrir severos daños en sus residencias y, en muchos casos, hasta perderlas. Muchas de estas casas ubicaban en zonas inundables, lugares inapropiados y propensos a deslizamientos, próximas a costas y ríos y, en gran parte, construidas de manera informal.

Hoy, tras vivir hace unos días la experiencia del huracán Fiona, repetimos las mismas imágenes de desolación, sufrimiento y desamparo que por los últimos años han sacudido el alma de nuestro pueblo. Tenemos un número aún impreciso de residencias destruidas parcial o totalmente, pérdidas millonarias en la industria agrícola, derrumbes de puentes y carreteras, cientos de comunidades incomunicadas y un pueblo, en su inmensa mayoría, a oscuras y sin servicio de agua potable.

Lo más triste es que quienes más se afectan con estas tragedias son, mayoritariamente, gente humilde, trabajadores y profesionales de clase media, muchos de ellos de áreas rurales o urbanas fuera de la zona metropolitana, que claman por tener un hogar adecuado y seguro para ellos y sus familias, pero que viven con las manos atadas porque el mercado no dispone de suficientes residencias para suplir su necesidad.

Expertos investigadores han estimado que, para mitigar la escasez de vivienda en nuestra población, tendríamos que construir 3,000 viviendas nuevas cada año por espacio de dos décadas. Mas para alcanzar el reto de proveer vivienda segura a nuestra ciudadanía, y satisfacer adecuadamente esta necesidad, hay que tomar en serio que, dentro de los planes de reconstrucción de Puerto Rico, la vivienda debe ocupar la prioridad más importante de nuestra agenda social.

Llevamos cinco años planificando. Definitivamente, es hora de ejecutar. El gobierno, a nivel ejecutivo y legislativo, tiene que tomar decisiones que faciliten la gestión de la industria de la construcción, impulsando iniciativas que reduzcan las imposiciones tributarias o cargos que impiden que nuestra gente pueda adquirir una vivienda asequible, digna y segura. Por eso es tan importante ajustar los costos gubernamentales que controlamos y así reducir los costos de desarrollo; simplificar el proceso de permisos para que la construcción informal deje de ser la opción para quienes ven el desarrollo formal como uno complicado y costoso; y revisar las escalas de los límites de ingresos de las familias y ajustarlos a la realidad económica y social del país. De esta manera, más familias podrían beneficiarse de los recursos de los que dispone el gobierno local y federal para adquirir una nueva vivienda.

Este problema de acceso a un hogar seguro, digno y resiliente no es nuevo y por años, desde la Asociación de Constructores de Puerto Rico, hemos advertido al gobierno la importancia de promover políticas públicas, destinar recursos y proveer incentivos para construir más viviendas de interés social que, en cumplimiento con los códigos de construcción, permitan a nuestra gente vivir en hogares dignos y seguros.

Puerto Rico no tiene espacio para que determinados proyectos legislativos, importantes para la reconstrucción de nuestro país, sean herramientas de negociación. Tampoco tenemos margen para que, a nivel de la Rama Ejecutiva, sigamos en una interminable evaluación, análisis y planificación, sin acción urgente y efectiva. Son los mismos temas que llevamos discutiendo desde el 2017 los que se repiten ahora con esta nueva catástrofe, y que, por no haber voluntad, aún están en “etapa de planificación”. ¿Para cuándo lo vamos a dejar?

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