


La gobernadora ha defendido la eliminación de incentivos a los vehículos eléctricos y a la exención del IVU sobre placas solares y baterías con una frase que suena “de sentido común”. Ha señalado que eso no debe molestar a nadie porque son beneficios para ricos, los paneles son un lujo. El problema es que esa lógica confunde estatus con política pública. Y lo que está en juego aquí no es un “regalo” a quien puede. El asunto es determinar si Puerto Rico va a gravar dos herramientas que producen beneficios colectivos que van mucho más allá del precio.

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