Conscientes como somos de que la histórica –y urgentemente necesaria– decisión de la presidenta de la Cámara de Representantes federal, Nancy Pelosi, acaso muera vergonzosamente en un Senado republicano cómplice, la promoción del inicio de un proceso de residencia contra el presidente Donald Trump fortalecerá las raíces en que se fundó la nación estadounidense: la defensa de los altos valores de la democracia; de la seguridad personal y protección de sus conciudadanos; de la integridad de sus elecciones, y del rechazo a toda intervención exógena que sea susceptible de afectar la seguridad nacional.

Hace tiempo estaba llegada la hora de asumir con gallardía –sin desaliento por un asunto matemático de unos votos más o menos– el proceso para hacer responsable por sus delictuosos actos a un presidente que se presenta, siente y actúa como un ser superior a la constitución y su propio país, con total menosprecio a las instituciones del gobierno que representa –y deshonra a la vez– desde el alto cargo al que accedió por virtud de un proceso electoral que reniega de la validez del dogma de “un hombre un voto”. Hace tiempo estaba pasada la hora de aplicarle al mismísimo presidente la gran traza del sistema democrático de gobierno: nadie está por encima de la ley.

Los republicanos del Senado federal deberían quedar advertidos de que las acciones traicioneras del presidente Trump –obstruyendo la justicia, como en la trama ruso de 2016 y ahora pretendiendo aliarse con el jefe de estado se una nación extranjera para conseguir su apoyo cara a las elecciones de 2020 y vilipendiar a un contrincante político, protegido por la vieja y controvertible premisa de Justicia federal de que un presidente en funciones no puede ser acusado criminalmente, es decir, “si el presidente lo hace no es delito”–, no deben contar con su cobarde respaldo.

Deben entender que lo que inicia desde la Cámara de Representantes de la nación no es un asunto de demócratas o de republicanos: trata acaso del más serio de los temas: de un asunto de Estado en el que va la vida a la institucionalidad estadounidense. Cuando menos, deben los senadores republicanos –y su minoría en la Cámara de Representantes– colaborar en el estudio de los expedientes e informes a presentarse como parte del proceso de residencia, incluyendo el que la speaker Pelosi ha solicitado, sobre la “trama ucraniana”, al director nacional de Inteligencia, Joseph Maguire.

Es lo menos que debe esperarse de ellos, conscientes como deben estar que hay un nuevo y esperanzador clima en Washington: del temor a los cálculos siniestros –y todas las macabras argucias del presidente Trump y si camarilla en los pasillos de su poder–, ciertamente se ha pasado a una nueva dinámica de la que debería resurgir una voluntad patriótica que sirva como elemento profiláctico en la dirección de una nación rehén de uno de los últimos “ugly american”.