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El más reciente obstáculo para impedir la divulgación de información pública fue lanzado por la secretaria del Departamento de Justicia, Denisse Longo Quiñones, una funcionaria que pretende no solo esquivar un estado de derecho ampliamente reconocido y validado en favor de la transparencia en la gestión gubernamental, sino que con sus actos pretende violentar las disposiciones de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.
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