Como seres humanos debemos ser sensibles al sufrimiento de los más desposeídos. Entre esos ciudadanos, las más vulnerables son las migrantes embarazadas en Puerto Rico. 

Se trata de mujeres que han venido buscando el “Sueño Americano”, pero se encuentran atrapadas, relegadas, olvidadas, y además embarazadas con un futuro incierto para un ciudadano americano en su vientre. Esa criatura nacerá en Puerto Rico y será un puertorriqueño que no tendrá las mismas garantías de atención médica que otros recién nacidos aquí.

Para atender esa desigualdad se presentó un proyecto que recomendó crear la Ley para Establecer el Derecho al Cuidado Prenatal, Parto y Postparto para Embarazadas Médico Indigentes.

El Proyecto del Senado 463 se sometió el 4 de mayo de 2017. La pieza legislativa contó con apoyo abrumador entonces. Fue aprobado en el Senado y la Cámara de Representantes, pero el gobernador Ricardo Rosselló Nevares lo vetó.

La medida ha sido presentada nuevamente. Ahora se conoce como el Proyecto del Senado 1168, que está pendiente de completar el trámite legislativo para que pueda ser considerado por la gobernadora y convertido en ley, de ser endosado por la mandataria. Es imperativo que los senadores y representantes voten a favor de la medida. 

Una vez aprobada, estará en manos de la gobernadora el presente y futuro de la salud de niños que hoy están naciendo sin un adecuado cuidado prenatal. Vienen con una morbilidad y mortalidad materno e infantil exageradamente alta. Algunos son prematuros o padecen sepsis e infecciones urinarias, entre otras complicaciones a las que no está expuesto el resto de la población de infantes con cuidado prenatal adecuado.

Hoy se deben considerar los procesos y ajustes administrativos para tomar nuevas previsiones, como deducibles mayores, entre otras medidas de salud pública. Pero lo que no se puede ni debe hacerse es ignorar esta triste realidad de madres indigentes.

Los médicos que atendemos algunas de esas pacientes podemos ilustrar a los legisladores, a la gobernadora y, de ser necesario, a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, para explicarles los beneficios y la necesidad de este proyecto.

Es una medida de justicia social y debe ser aprobada en Puerto Rico, como ya lo han hecho varios estados y jurisdicciones de la unión americana. De no hacerlo, en la isla seguiremos pagando por tratamientos médicos supra-terciarios y de rehabilitación carísimos y tardíos. Seguiremos siendo reactivos, no proactivos. Como diría mi padre: “Nos seguirá costando más cara la sal que el chivo”.  

Debemos recordar que Jesús dijo: “Dejad a los niños, y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos”.