Gerardo A. Carlo-Altieri
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La auditoría: el camino menos transitado

Robert Frost, el legendario poeta laureado de Vermont, compuso un poema magistral que estimula a “tomar el camino menos transitado” en la bifurcación del bosque… (Frost, R., The Road Not Taken)

Y, entre las primeras peticiones hechas a la gobernadora Wanda Vázquez, están las del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras y del Frente Ciudadano Para la Auditoría, solicitando una auditoría forense de la deuda de Puerto Rico.

Pasados tres años desde la declaración de insolvencia gubernamental y luego de liquidarse el Banco Gubernamental de Fomento con $4,700 millones en deuda y recapitalizado la partida de deuda mayor de Puerto Rico ($17,000 millones) en Cofina, dicha petición de auditoría podría resultar académica.

Sin embargo, aunque la Sección 413 de Promesa aclara, que nada en dicha ley restringe la habilidad de la Comisión Para la Auditoría de la Deuda de emitir sus informes, y la Sección 104 (o) dice que la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico (JSF) puede investigar las prácticas de ventas de bonos, la única investigación autorizada por la JSF, que produjo el Informe de Kobre & Kim, ha sido criticada por su inefectividad en enjuiciar a los responsables por la crisis de Puerto Rico.

Esto se atribuye, a que los investigadores no tomaron declaraciones juradas, no identificaron testigos, ni expidieron citaciones judiciales (subpoenas), a la vez que concedieron inmunidad a cambio de recibir información de dudosa utilidad para enjuiciar a posibles causantes del descalabro fiscal.

Igualmente, oficiales del gobierno, abogados y los miembros de las juntas de directores del Banco Gubernamental de Fomento a cargo de las emisiones, pueden estar protegidos por los acuerdos de inmunidad concedidos, las conclusiones del Informe sobre sus defensas, la prescripción y por el Acuerdo sometido al tribunal.

Además, dicha investigación tampoco fue diseñada por la JSF como una auditoría integral de la deuda pública de tipo “forense”.

Sin embargo, el Informe Kobre & Kim ayudó a identificar las instituciones financieras (UBS, Santander Securities, Popular Securities, Mesirow Financial) y casas de acreditación (Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s), que podrían resultar responsables de violar deberes fiduciarios, reglamentos y prácticas de mercados.

Y, basado en dicho Informe, la JSF y el Comité de Acreedores Oficial iniciaron cientos de acciones contra suplidores del gobierno, radicaron litigios para anular bonos y demandaron a 18 instituciones (Barclays, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Jefferies, Mesirow, Morgan Stanley, Ramirez & Co., RBC Capital, Santander Securities, UBS Financial, VAB Financial, BMO Capital, Raymond James, Scotia Capital, UBS, Morgan Stanley y Merrill Lynch) en el tribunal de Promesa, para recobrar $1,000 millones.

El Informe también fue utilizado por dos compañías aseguradoras de bonos delgobierno (National Public y MBIA) en el Tribunal Superior de Puerto Rico, reclamando unos $720 millones contra ocho bancos que se alega “provocaron la tragedia fiscal de Puerto Rico” (UBS, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch, RBC Capital y Santander) (véase: National Public v. UBS, Tribunal Superior de Puerto Rico, 08/08/2019).

Aunque algunos de los demandados en estos dos litigios coinciden, la acción contra las 18 instituciones financieras en corte federal reclama $1,000 millones para beneficio de los acreedores del gobierno, mientras que la demanda local solicita los $720 millones para las aseguradoras privadas.

Falta ver si la gobernadora Vázquez concuerda con la JSF y con el exgobernador Ricardo Rosselló sobre la inutilidad de una auditoría, basado en que las demandas iniciadas bajo Promesa serán suficientes para enjuiciar a los responsables de la llamada “tragedia fiscal de Puerto Rico”.

O, por el contrario, si la gobernadora se aparta de la conducta proteccionista seguida por el pasado gobernador y la JSF, y en vez procede por la vereda “menos transitada” sugerida por los representantes de la llamada “sociedad civil”, que todavía insisten en la necesidad de una auditoría integral y forense.

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