


Las acciones del presidente Donald Trump y de quienes las justifican o las aplauden se deben repudiar con firmeza. No se trata de una discrepancia ideológica legítima sino de un patrón de conducta que degrada el ejercicio del poder y vulnera principios esenciales de la democracia. Cuando el Estado se utiliza para comprar aprobación mediante incentivos económicos selectivos, y el acto se disfraza con discursos grandilocuentes que pretenden presentarlo como “bien común”, lo que se practica es el clientelismo no una política pública responsable.

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