


Todo gobierno debe proveerle a sus ciudadanos un ambiente general de confianza que promueva la inversión, el desarrollo económico sostenible. Siguiendo el sistema de tradición civil, en Puerto Rico existe la figura de un profesional del derecho al que el Estado le delega la función de revisar la legalidad de las transacciones, dando seguridad jurídica preventiva a los otorgantes. Antes de cerrarse un negocio, el notario tiene la responsabilidad de constatar la voluntad de las partes, darle forma legal, recogerla en un documento de modo que quede perpetuada y dar acceso a los registros públicos. El Estado le asegura grandes beneficios al documento autorizado por el notario, pues reconoce una presunción de que todo lo allí contenido es legal y correcto. Tiene fuerza probatoria ya que requiere que quien ataque alguna de sus disposiciones tiene el peso de la prueba.

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