Después de que Nueva York quedara al borde de la bancarrota en 1975, se impuso una junta de supervisión fiscal como condición para recibir un rescate estructurado por el gobierno estatal y federal, sindicatos e instituciones financieras. Durante los próximos 30 años, la ciudad tuvo que someter su presupuesto y ofertas de deuda a una junta compuesta por funcionarios nombrados por el estado y por líderes empresariales, para que esta los revisara y aprobara. Para el 2018, los factores que llevaron a la ciudad a la crisis fiscal –declive económico, pérdida de población y excesivo gasto público- se habían revertido y Nueva York emergió como una de las economías urbanas más fuertes y vibrantes del mundo.