En diciembre 2022, durante la más reciente Cumbre de la ONU - COP15 - en Montreal, Canadá, más de 190 naciones firmaron un acuerdo que busca detener el sexto evento de extinción masivo en la Tierra. El Marco Global sobre la Biodiversidad (MGB) busca proteger, para 2030, al menos el treinta por ciento de la tierra y los océanos del planeta en favor de la vida silvestre.

Parte del acuerdo provee miles de millones de dólares de fuentes públicas y privadas para la protección de la biodiversidad adjudicada de países desarrollados hacia países en vías de desarrollo.

Al contrario de su predecesor, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) acordado en la COP10 en 2010, observadores esperan que el MGB esté caracterizado por una misión fortalecida, metas mensurables y un “mecanismo de implementación” riguroso. Ninguno de los componentes del CBD y del MGB son vinculantes entre los signatarios.

El MGB incorporó los reclamos de las comunidades indígenas al otorgarles un papel mayor en la protección de la vida silvestre. Aun así, otros reclamos de las comunidades nativas no fueron escuchados.

Varios pueblos indígenas se oponen a la ampliación de áreas protegidas por los Estados que, históricamente, los desplazaron a través de proyectos coloniales. Dados los terribles abusos que se cometen en tales áreas, los pueblos aborígenes reclaman que sus territorios sean plenamente reconocidos como una categoría de área conservada por sus propias comunidades.

Esta petición tiene la intención de proteger a los aborígenes de las depredaciones que a menudo experimentan áreas como parques nacionales administrados por el Estado. En consecuencia, no se ha reconocido la inmensa contribución de los pueblos indígenas a la conservación de la biodiversidad, lo que los pone en mayor riesgo de violaciones de sus derechos humanos.

Los pueblos indígenas, quienes representan el cinco por ciento de la población mundial, protegen alrededor del ochenta por ciento de la biodiversidad global. En este sentido, el conocimiento indígena es clave para preservar la biodiversidad; conocimiento que proviene de ser parte de esas tierras y de su estilo de vida en armonía con la naturaleza.

A las comunidades aborígenes les preocupa el lenguaje utilizado en los acuerdos, el cual sigue dando espacio al Estado, como actor político, y a la ideología económica racional del mercado como la única alternativa de modelos de gobernanza. Este modelo de “desarrollo”, heredado del colonialismo, no parece tener la capacidad de detener la sexta extinción. A la vez, minimiza y margina la experiencia indígena con los ecosistemas regenerativos.

Los Estados Unidos y el Vaticano son dos Estados no signatarios del CBD y el MGB. Estos actores han formado parte de un proyecto histórico colonial, exponiendo ideas que promueven la extracción y explotación del ambiente para la acumulación y la ideología del dominio del hombre sobre la naturaleza. Estados Unidos tiene un historial importante dentro del movimiento conservacionista, pero su modelo de desarrollo histórico incluye el desplazamiento y genocidio contra los pueblos indígenas.

Otros actores estatales, como China y Canadá, que jugaron un papel primordial en la Cumbre, son a la vez denunciados por activistas. Se les señala estar entre los mayores emisores de gases de invernadero, utilizando estos foros para moderar su imagen y desviar la atención de sus propios modelos extractivos.

Así podemos ver proyectos de compañías transnacionales canadienses de explotación minera en la Amazonia, financiados por bancos privados y públicos de Canadá. Y, aunque China es el país que más ha invertido en energía renovable, muchos de sus acuerdos comerciales y de desarrollo han sido criticados como insostenibles.

Para los pueblos aborígenes, no importa qué tipo de lenguaje se utilice en los acuerdos internacionales, el modelo de gobernanza estatal y económico heredado del colonialismo seguirá siendo el mayor obstáculo a la regeneración del planeta.

LEE MÁS:

Miembros de la cumbre COP27 aprueban histórico fondo de indemnización climática