El pasado lunes, 7 de mayo de 2018, esta servidora presentó el  Proyecto del Senado 950 para establecer la “Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida dentro de los procedimientos de aborto en Puerto Rico”. 

Este proyecto tiene como fin primordial promover el interés apremiante del Estado de proteger los derechos de la mujer embarazada, al garantizar que esta lleve a cabo decisiones razonadas sobre su propio cuerpo, asegurando así su consentimiento informado y libre, dentro de los procedimientos de aborto.  Como segundo objetivo, promueve como política pública reconocer como un interés apremiante del Estado la protección de la potencialidad de vida humana, según permitido por la normativa federal.

No estoy ajena al debate público desatado por este tema tan delicado y que tantas pasiones genera.   Sin embargo, estoy convencida de que es hora de que tengamos esta conversación. Por muchos años, en Puerto Rico el tema del aborto y su reglamentación, ha sido echado al olvido, lo cual no ha hecho más que diseminar la desinformación y la ignorancia sobre el tema. Con la excusa de que se ha reconocido el derecho al aborto,  en Puerto Rico hemos dejado pasar dos verdades por alto: 

1. Que el derecho al aborto no es absoluto. 

2. Que tanto en los estados, como en Puerto Rico, se puede aprobar ley para reglamentar las clínicas de aborto, con el fin de que la mujer sea adecuadamente informada, asegurar facilidades medicas adecuadas y proteger la vida del no nacido. Aunque sabemos que muchos se oponen a reconocer el no-nacido como una “persona”, el Tribunal Federal ha resuelto que se puede legislar para promover el interés de la potencialidad de la vida, luego que el feto ya es viable.

Lo establecido en el P. del S. 950  promueve que los médicos expliquen a las pacientes todas las alternativas disponibles.  En mis funciones como senadora y presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia, he tenido la oportunidad de escuchar el testimonio de muchas mujeres que han abortado porque en el momento de desesperación, no han tenido orientación adecuada.  Según sus desgarradoras historias, ir a la clínica de abortos a buscar información fue como ir a un “dealer” de carro a informarte cómo comprar un auto. La realidad comercial del asunto es que los vendedores te van a querer vender el carro. Lo mismo pasa con las clínicas de aborto, en donde su negocio es el aborto mismo.  

La decisión de abortar debe ser consentida e inteligente. Muchas mujeres sufren de depresión, síntomas de suicidio y patrones de conducta destructivos cuando se arrepienten de haber abortado. Ninguna ley obliga a los médicos a explicarles a las pacientes los riesgos de arrepentirse de abortar, no ofrecen un sonograma ni escuchan los latidos del corazón del feto, y dicen a las mujeres que eso es solo una masa de células, o “que eso no es nada”. 

Esto tiene que cambiar. Las mujeres necesitan saber que corren un riesgo de arrepentirse y que pueden sufrir depresión por haber abortado un hijo, y las consecuencias psicológicas que una desestabilidad mental puede acarrear. El P. del S. 950 promueve que el médico ofrezca a la paciente hacerle un sonograma, a fin de esta sepa la verdad: que la “masa de células” tiene un corazón que late.  Por otro lado, existe el riesgo de que la mujer no pueda tener más hijos, y que desarrolle infecciones o hemorragias, dependiendo del procedimiento.  Me parece que los que abogan por los derechos de las mujeres y los derechos humanos, deberían estar de acuerdo con todo lo que promueva la información necesaria y completa para tomar decisiones, como lo hace el proyecto.

La decisión de abortar debe ser libre. En Puerto Rico no se habla de que hay muchas mujeres y niñas que son obligadas a abortar por padres, parejas o conocidos. El P. del S. 950 busca que la clínica espere al menos 48 horas antes de realizar el aborto, luego de haber explicado los riesgos y opciones a la paciente. Esta reglamentación sobre la clínica ayuda a evitar que la mujer actúe bajo impulso, intimidación, violencia o sea una decisión provocada por la depresión, que luego lamente.   Que conste que el P. del S. 950 establece que, si hay una emergencia y la vida de la mujer está en peligro, no hay que esperar dicho término. Además, el Proyecto propone que, para alcanzar este fin, la clínica debe desplegar un letrero que informe a la mujer que obligarla a abortar es ilegal, y que ni siquiera su médico la puede presionar.  ¿Quién puede estar en desacuerdo con esto? 

Puerto Rico es una de las pocas jurisdicciones de Estados Unidos que no requiere que los padres tengan conocimiento de que las menores se van a someter a un aborto. El P. del S. 950 se acomoda a lo ya aprobado por el Tribunal Federal, y propone requerir que los padres consientan o, a falta de esto, entonces que la menor pueda ir al Tribunal en procedimiento sumario a ejercer su derecho.

Por último, el P. del S. 950, no solo vela por la salud y seguridad de la mujer, sino también por la potencialidad de la vida que carga en el vientre. Existen muchas referencias médicas y científicas que evidencian que el feto siente dolor ya a las 20 semanas de gestación.  En Utah, la ley requiere que se administre un anestésico al feto, si el aborto es realizado luego de 20 semanas. Precisamente, porque se reconoce que el feto siente dolor, cada vez se hace más común que los médicos pongan anestesia a los fetos, cuando hay que operarles en el útero. 

El Tribunal Federal ha resuelto que este es un interés apremiante en un estado para proteger y es el fin del P. del S. 950 que en Puerto Rico se acoja esta política pública. Además, el P. del S. propone que si un bebé sobrevive el aborto, el médico debe darle el cuidado médico necesario. 

Aunque sé que hay muchos asuntos en los que podemos estar en desacuerdo, sé que el pueblo de Puerto Rico está de acuerdo conmigo en esto. ¿Cómo podríamos oponernos a esto? Me parece que realizar abortos a un feto de más de cinco meses, que sabemos que puede sentir dolor, o dejar morir a un bebe que sobrevive,  es espeluznante. 

En los procedimientos de aborto en Puerto Rico no hay reglamentación ni límites. Esto es un negocio. No nos engañemos.  Es hora de que en nuestro país asumamos responsabilidad sobre el asunto y de regular para asegurarnos de que las mujeres ejerzan su derecho con conocimiento informado y libremente.