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En abril de 2017, cuando Ricardo Rosselló llevaba en la gobernación lo que más o menos lleva Pedro Pierluisi en el poder, sufrió el primer revés importante de su joven administración. Todo le iba más o menos bien pero, sin anticipo alguno, le llegó una carta del Departamento de Justicia federal que dejaba trasquilado su proyecto político principal: un plebiscito entre la estadidad o la independencia que se celebraría en junio de ese año y que contaría con una asignación de $2.5 millones del Tío Sam.
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