La viabilidad del Plan de Ajuste de Deuda del gobierno de Puerto Rico (PAD) depende de unas tasas de crecimiento económico sostenido que, como sucedió con el Plan de Cofina, algunos expertos consideran irreales y muy optimistas (ver: GAO Report, 2019). 

Además, el PAD estima un sobrante de $23,000 millones antes del repago de deuda, a ser acumulado por el gobierno entre 2018 y 2048. 

La Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico también certificó un plan fiscal de cinco años para el gobierno, fechado 9 de mayo de 2019, proyectando $75,000 millones en fondos federales para la recuperación (FEMA-DFR y CDBG-DR, y otros), parte de los cuales fueron aprobados por el Congreso, pero continúan estancados en agencias federales. 

El PAD también incorpora unos $8,700 millones en fondos federales, según presupuesto de año fiscal 2020; la autorización de $12,000 millones por cuatro años para Medicaid; y la partida del arbitrio de 4% bajo la Ley 154 ($2,083 millones), que está siendo cancelado por el Tesoro federal.

Los $75,000 millones en fondos de recuperación llevan dos años en un proceso similar al baile o “mating game” que el economista William Easterly (The Elusive Quest for Growth, MIT Press, 2002) describe así: a) la institución que aporta el dinero condiciona el rescate a reformas estructurales; b) el país recipiente promete implantar unos cambios - pero luego de asignados los fondos - se retracta; c) el donante lo insulta  - pero al final para salvar su orgullo e inversión - emite los desembolsos restantes y; d) comienza otro primitivo “baile de pareja”. 

Según Easterly, los fracasos en ayudas a países en África y Suramérica demuestra, que los préstamos condicionados a reformas estructurales, balances presupuestarios y austeridad no estimulan crecimiento sostenido y fracasan, porque no incentivan al cambio de conducta. 

En vez, Easterly recomienda que las ayudas se distribuyan basado en cambios estructurales establecidos de antemano.

El proceso de resolución de deuda de la Isla, parecido al cuadro descrito por Easterly, lleva tres años de vaivenes entre el gobierno local, Junta de Supervisión y Congreso. 

Igualmente, la Junta ha exigido cambios estructurales, austeridad y reformas laborales que afectan desproporcionalmente a los grupos de menor ingreso y que son rechazadas por los políticos locales. 

A la vez, el gobierno federal ha clasificado a la Isla como un territorio de alto riesgo (“High Risk”) para efecto de imponer controles especiales sobre el desembolso de fondos.

Y, la gobernadora Wanda Vázquez prometió cooperar con la Junta, aunque recientemente objetó a los aumentos de electricidad en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que resultará en un conflicto con el ente fiscal sobre el acuerdo de apoyo al plan de ajuste de deuda de la AEE sometido al tribunal.

El gobierno federal tampoco muestra interés alguno en acelerar el flujo de $20 billones en fondos de recuperación que tiene asignado el Departamento de la Vivienda de los Estados Unidos, cuyo secretario, Ben Carson, testificó en una vista del Congreso que retendrá los fondos debido a la corrupción del gobierno local.  

La congelación de los fondos por Carson también crea dudas sobre el mensaje de José Carrión III, presidente de la Junta, de que la presentación del PAD representa el “final de la quiebra de Puerto Rico”, ya que resultará difícil implantar el PAD sin estos fondos.  

En conclusión, el PAD diseñado por la Junta y apoyado por el gobierno actual, depende demasiado de transferencias federales y del desembolso de fondos de reconstrucción por agencias en Washington, que ni el territorio o la Junta controlan.  

Las carpas azules no pueden esperar más - el gobierno tiene la liquidez para hacer los arreglos de emergencia utilizando los dineros ahorrados por el impago a bonistas y suplidores en los últimos tres años bajo la protección de la Ley Promesa - la Junta debe aprobar estas reparaciones.