Recientemente el gobernador Pedro Pierluisi nombró secretario del Departamento de Justicia al Lcdo. Domingo Emanuelli. Muchos vimos con agrado dicha selección por cuanto el Lcdo. Emanuelli no solo es un abogado litigante experimentado, sino que se ha destacado por su rectitud, afabilidad y su objetividad en la discusión de muchos asuntos que nos atañen como pueblo. Su tarea no es fácil. Se le ha encomendado dirigir una de las agencias más complejas y a la vez desprestigiadas de la rama ejecutiva, señalada por su inacción en los casos de corrupción que atañen a personas vinculadas al gobierno de turno y su inusitada diligencia en otro tipo de casos, como los que se han promovido contra estudiantes universitarios y sectores marginados.

El Departamento de Justicia se ha caracterizado, además, por apoyar legislación represiva y punitiva, que lejos de promover un verdadero acceso a la justicia a los más desaventajados y un sistema que provea mayores garantías a los ciudadanos y ciudadanas de este país, busca crear las condiciones para asegurar la mayor cantidad de convicciones posible. Basta mencionar el caso de los tres inocentes de Aguada y el de José Armando Torres Rivera, quienes, siendo inocentes de los delitos imputados, cumplieron más de dos décadas de encierro, antes de ser totalmente eximidos de culpa.

Una vez nombrado, el Lcdo. Emanuelli hizo expresiones que resultaron muy alentadoras, sobre todo para los que somos abogados de defensa, en torno a la necesidad de velar por que se garanticen los derechos de las personas acusadas de delito. El Departamento de Justicia debe asegurarse de que, como componente medular del sistema de justicia, participa y promueve un proceso justo, donde prevalezca la búsqueda de la verdad y no “la teoría deportiva de la justicia”, reiteradamente rechazada por nuestra jurisprudencia. Para ello es necesario revisar los paradigmas que han orientado la política pública de esa agencia y que ha conllevado el procesamiento injustificado de muchos ciudadanos.

Mas, dicha reforma no es agenda que corresponda exclusivamente al Departamento de Justicia, sino a todo un aparato gubernamental que aún concibe como solución a la conducta antisocial, hacer más punitivo el Código Penal y las leyes penales especiales, aumentando las penas y restringiendo derechos civiles y constitucionales cuyo objetivo es proteger a la sociedad de los desmanes y abusos del gobierno. El derrotero de nuestro sistema de justicia en poco o nada contribuye a reparar los efectos de la conducta antisocial encausada. Su visión ha demostrado ser totalmente ineficaz en la medida en que, en forma alguna, ha contribuido a desalentar la criminalidad, como tampoco a sanar a las víctimas, ni a transformar a los imputados, quienes se enfrentan en un angustioso proceso judicial.

El caso particular de la joven Ashley Torres Feliciano, recientemente indultada por la exgobernadora Wanda Vázquez, es solo un ejemplo de cuán necesaria es una reforma de nuestro sistema de justicia a todos los niveles. El trato a menores imputados eufemísticamente de faltas y a quienes se trata como delincuentes comunes, muchos de los cuales han intentado incluso cometer suicidio, es una muestra de cuán desenfocado está nuestro sistema de justicia, que prioriza en el castigo de los procesados y no en su rehabilitación. De ahí que se recurra, con frecuencia, al confinamiento carcelario y no a la implantación de medidas restaurativas que propendan a la transformación de aquellos(as) que enfrentan un proceso penal.

Urge comenzar a discutir la reforma de un sistema fallido, punitivo, inhumano, que además de imponer castigo a los que delinquen y proveer algún desagravio a la víctima, aporte primordial y significativamente a la sanación y a la transformación de los involucrados.