

Hace más de cinco años escribí una columna en la que planteaba que la justicia puertorriqueña estaba en un estado de quiebra de confianza pública debido al alto grado de politización que impera en las instituciones de ley y orden de nuestra isla. Lamentablemente, el tiempo me ha dado la razón, ya que los controversiales eventos recientes que se han suscitado en la palestra pública crean el riesgo inminente de erosión total de la credibilidad la Oficina de la Gobernadora de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de Puerto Rico y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (“OPFEI”). No puedo recordar un momento histórico en donde haya existido un escenario de confrontación pública y abierta tan candente entre miembros del gobierno de Puerto Rico.
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